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Corte Interamericana solicitó a Perú no liberar a Fujimori

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó este miércoles al Estado peruano abstenerse de liberar al expresidente Alberto Fujimori.

El Tribunal estima necesario que no se produzca un daño irremediable al derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos de Barrios Altos y La Cantuta.

Se trata de dos masacres que perpetró el escuadrón especial del Ejército denominado como «Grupo Colina» en 1991 y 1992, y en los cuales se acusa al exmandatario peruano Fujimori de ser el presunto autor intelectual.

La medida se produjo casi dos semanas después de que la Corte Constitucional de Perú emitiera una controvertida orden para su liberación.

Fujimori está recluido en el penal de Barbadillo de Lima cumpliendo una condena de 25 años de prisión por incurrir en los delitos:

  • Homicidio calificado.
  • Secuestro agravado.
  • Lesiones personales.

Además de la sentencia de 25 años por asesinato, Fujimori también ha sido condenado por tres casos de corrupción por los que debe 13,6 millones de dólares en daños civiles.

Fujimori, el hombre de las controversias

Alberto Fujimori, quien gobernó de 1990 a 2000, sigue siendo una figura polarizadora en el país andino.

El pasado 29 de marzo, el Tribunal Constitucional de Perú emitió una resolución que restituye el indulto humanitario que el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski le concedió a Fujimori en el 2017, justificando la medida el grave estado de salud que presentaba el expresidente, para ese entonces.

Mientras, la Corte Suprema de Perú revocó el indulto médico en 2018 y ordenó que regresara a la prisión para cumplir su sentencia por abusos contra los derechos humanos.

La decisión del Tribunal Constitucional ha sido criticada por expertos internacionales. La liberación acortaría la sentencia de Fujimori en una década.

Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas dijeron en un comunicado que «a menos que se justifique por razones claramente aceptables en el derecho interno e internacional, la anulación de los efectos de la sentencia de 25 años contra Fujimori representaría un duro golpe a la justicia y al estado de derecho, y una violación del derecho a la justicia de las víctimas y sus familias», destaca nota de ABC.

 


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