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Canciller de Venezuela rechazó declaraciones de la oficina para los DDHH de la ONU

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El canciller de Venezuela, Yván Gil aseguró que la oficina del Alto Representante de los Derechos Humanos (DDHH) de la ONU se comporta como un bufete neocolonial al servicio de Estados Unidos (EEUU) y sus satélites.

Agregó el canciller venezolano que este mecanismo, “en lugar de defender los derechos del pueblo Palestino, por ejemplo, se abalanzan sobre quienes construimos soberanía e independencia”.

¿Qué dijo la oficina de la ONU para los DDHH? 

La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos pidió que Venezuela celebre elecciones presidenciales “transparentes, inclusivas y participativas”, el próximo 28 de julio. Esto mediante un debate sobre la situación de Venezuela realizado este martes.

Asimismo, la funcionaria de la ONU para los DDHH solicitó a Venezuela que permita que los trabajadores expulsados en febrero regresen al país.

“Esperamos que nuestra oficina pueda reanudar pronto plenamente su labor de servicio a la población de Venezuela, y fortalecer nuestra cooperación con las autoridades sobre la base del respeto mutuo y el diálogo franco y transparente”, señaló en relación con esa expulsión la alta comisionada adjunta Nada Al-Nashif ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Oficina de Derechos Humanos sobre Venezuela

El Gobierno Bolivariano anunció la decisión de suspender las actividades de dicha oficina técnica tras la exacerbación de sus ataques contra Venezuela. Así lo anunció el canciller de la República, Yvan Gil, el pasado jueves 15 de febrero desde la Casa Amarilla Antonio José de Sucre. En declaraciones a la prensa señaló que el personal adscrito a esta oficina debería abandonar el país en 72 horas.

Al-Nashif también denunció que “defensores de derechos humanos” siguen enfrentándose a la represión, la detención arbitraria y las amenazas por parte de las autoridades venezolanas. Citó los casos de los que llamó “perseguidos activistas”, Javier Tarazona, fundador de la organización Fundaredes, y la abogada Rocío San Miguel, presidenta de la ONG Control Ciudadano.


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