El Tribunal Superior de Londres empezó este miércoles a analizar legalidad de los nombramientos del opositor Juan Guaidó a su junta “ad hoc” del Banco Central de Venezuela (BCV). Esto, para determinar si tiene autoridad para acceder al oro depositado en el Banco de Inglaterra.
La jueza Sara Cockerill de la división comercial del Superior escuchó los argumentos de la junta del BCV legítima, designada por el presidente venezolano, Nicolás Maduro, representada por el abogado Richard Lissack. Lo mismo hizo con y los de la junta ficticia encabezada por Guaidó, cuyo equipo legal lo encabeza Andrew Fulton.
El juicio tardará cuatro días y luego la magistrada dictaminará, en una fecha por definir, cuál de las dos juntas está legitimada para gestionar las reservas del oro en jurisdicción inglesa, valoradas en unos 1.600 millones de euros.
Cabe resaltar que en 2020 el Gobierno Bolivariano reclamó parte de esos lingotes. Sin embargo, el banco central inglés rechazó entregarlos hasta que se aclare quién tiene potestad.
Lucha por el oro venezolano
Venezuela no abandona su derecho legítimo por el litigio que mantiene con Reino Unido por el oro venezolano confiscado por la justicia británica con complicidad de Guaidó.
Trascendió que este miércoles inició el juicio por el control del oro depositado en el Banco de Inglaterra.
El nuevo juicio tendrá lugar en un tribunal comercial de la Alta Corte de Londres del 13 al 18 de julio.
El Estado venezolano y el opositor Juan Guaidó se enfrentan desde 2019 por el acceso a 32 toneladas de oro, valoradas en más de mil millones de dólares, “custodiadas”, desde hace años, en las cámaras acorazadas de la institución británica, que ofrece este servicio a múltiples países.
El opositor Juan Guaidó, entonces presidente de la Asamblea Nacional venezolana elegida en 2015, nombró en julio de 2019 una dirección paralela del Banco Central de Venezuela (BCV).
Esta ordenó al Banco de Inglaterra que no entregase los lingotes a la junta directiva legítima del Estado venezolano presidida por Calixto Ortega.
Destaca la agencia de noticias AFP, que la justicia británica está ahora llamada a decidir sí acepta y aplica esta decisión, tomando en cuenta la trama orquestada por Juan Guaidó, con el concurso de su abogado Andrew Fulton.
En tanto, la defensa del Estado venezolano, pretende alegar «consecuencias potencialmente catastróficas para la economía venezolana» si se reconoce la demanda de Guaidó.
Tomando en cuenta los precedentes de corrupción y desvío de fondos de Guaidó, y su círculo de allegados, en detrimento del patrimonio nacional.
