Delegado de la Defensoría del Pueblo de Anzoátegui Rafael Vegas y su hermana Dalia fueron amenazados de muerte por el condenado de la justicia en EEUU exalcalde Jonathan Marín.
Dicha orden, asegura uno de los sicarios, la da Jonnathan Marín, luego de evaluar la inconveniencia de atentar contra el Fiscal General Tarek William Saab por el que los asesinos “pedirían mínimo la suma de un millón de dólares“.
El delegado de la Defensoría del Pueblo en Anzoátegui y exsecretario General de gobierno de esa entidad, Rafael Vega, denunció ante la Dirección General de los Derechos Humanos del Ministerio Público en Caracas que el hoy condenado a 25 meses de cárcel por delitos de corrupción en EEUU, Jonnathan Marín lo amenazó de muerte, al igual que a su hermana Dalia Vega, directora del Despacho del Fiscal General de la República Tarek William Saab, así como a dos líderes sindicales de esa región regional.
A través de un trabajo de inteligencia se logró la extracción de la información a uno de los sicarios identificado como Edgar Guzmán a quien Marín exalcalde de Guanta, quien fue condenado por el juez de la Florida Robert Scola a cumplir una pena de 25 meses de cárcel por delitos de corrupción, le da las precisas órdenes “de contratar por la cantidad de 50 mil dólares a unos gatilleros colombianos“, a fin de ejecutar dichos atentados, con el objetivo de “dañar directamente al Fiscal General Saab”.
En uno de los captures, de una conversación, puede leerse igualmente cómo el sicario Guzmán lanza una terrible confesión. Luego de recibir la orden de Jonnathan Marín de ejecutar dichos asesinatos- allí le refiere a uno de sus colabores textualmente lo siguiente: “Lo que tememos es que pedirle la logística completa para sacar a Juan y a catire ( Vega) porque darle un coñazo a Tarek va a ser más difícil: Es un Fiscal y tirarnos una vuelta grande como se la tiraron a Danilo va a costar mínimo un millón de dólares y va a ser escándalo nacional”. A lo que el colaborador le contesta “nacional nada más no, van a salir a buscar a los culpables hasta para afuera”.
La Dirección General de Derechos Humanos comisionó a dos fiscales nacionales a fin de adelantar las investigaciones respectivas, con el objetivo de librar las respectivas órdenes de aprehensión a que haya lugar.
