El gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia Ejército del Pueblo (FARC-EP) seguirán un protocolo que regirá el cese al fuego hasta el próximo mes de junio.
El protocolo integra las herramientas para la implementación del protocolo. Esto incluye “mecanismos de veeduría, monitoreo y verificación que emitirá conceptos técnicos y elaborará recomendaciones para prevenir y atender posibles incidentes o incumplimientos“. Así quedó establecido en un comunicado suscrito conjuntamente.
El comunicado indica que no quedará suspendido el ejercicio pleno del estado social de derecho. Las fuerzas públicas también seguirán cumpliendo con su misión. Lo que sí queda prohibido es el tránsito o permanencia del grupo armado en cabeceras municipales, corregimientos, inspecciones de policía y vías primarias, con el objetivo de evitar cualquier afectación a la vida e integridad física de los civiles.
Incluso añade que “las autoridades militares y policiales continuarán sus operaciones ofensivas frente a aquellos grupos con los que no hay cese al fuego”
Según el acuerdo, cualquier grupo armado que “incursione con intenciones hostiles en el área de los frentes previamente georreferenciados, estará sujeto a la acción legítima del Estado para el uso y aplicación de la fuerza”.
El presidente Gustavo Petro anunció el pasado mes de diciembre el cese el fuego con grupos armados como parte de la política de paz total.
