El presidente peruano, Pedro Castillo, recibió una citación judicial de parte del fiscal general de la nación, Pablo Sánchez, por un presunto caso de corrupción.
La investigación penal es por una posible trama de corrupción en la asignación de contratos desde el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
La Fiscalía de la Nación cita al presidente de la República, Pedro Castillo, para el lunes 13 de junio (10:00 h); y al exministro de Transportes Juan Silva para el 6 de junio (10:00 h), por investigación del #CasoTarata – Provías Descentralizado. pic.twitter.com/OFutyZb23D
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) June 5, 2022
El presidente Pedro Castillo deberá comparecer el próximo 13 de junio a las 10 a.m. para dar sus declaraciones. Asimismo, se dispuso la cita para este lunes del exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, para responder por los mismos casos.
De igual forma, el Ministerio Público citó a la exministra de Transportes, Fabiola Caballero, para el 7 de junio; y al exasesor Alex Starost para el 8 de junio próximos. En ambos casos para dar sus declaraciones testimoniales sobre el mismo expediente fiscal.
“También brindarán sus declaraciones Víctor Valdivia, el 9 de junio; y Edgar Vargas, el viernes 10 de junio, ambos integrantes del comité de selección de la licitación del puente Tarata III”, señaló la Fiscalía en un tercer tweet.
Investigaciones
En la investigación fiscal al jefe de Estado Pedro Castillo se le acusa de “la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada, sin perjuicio de otros delitos que se puedan advertir en el curso de las investigaciones”.
Al respecto, la defensa legal del Presidente peruano presentó, el pasado martes, ante el Ministerio Público, un pedido de nulidad de dicha investigación alegando que, con la medida, se estaría vulnerando el artículo 117 de la Constitución.
Igualmente, la fiscalía decidió adelantar la citación y alegó que corresponde investigar al jefe del Estado; debido a las sindicaciones que pesan en su contra sobre la presunta comisión de delitos graves de corrupción.
