El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, solicitó al actual mandatario, Alejandro Giammattei, vetar la Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado que aprobó el Congreso guatemalteco por irregularidades.
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Así lo dio a conocer a través de su cuenta en la red social X, donde compartió el texto que emitió este miércoles al presidente guatemalteco. En el documento, Arévalo aseguró que el presupuesto los afecta como país, al contener “múltiples ilegalidades”.
En ese sentido, en el mensaje que acompañó la misiva a Giammattei, manifestó: “está en sus manos corregir esta traición al pueblo”, destacó.
Arévalo, quien tomará posesión del Gobierno de Guatemala en enero de 2024, también explicó que el decreto de presupuesto “contiene graves violaciones al marco legal e irregularidades que afectarán la gestión pública, el bienestar social y el desempeño económico del próximo año”.
Mencionó que, entre las irregularidades que posee la ley de presupuesto, está la aplicación de enmiendas para incluir “disposiciones que contravendrían varias leyes ordinarias”.
En ese sentido, nombró algunas de las legislaciones afectadas, incluidas, la del Organismo Ejecutivo; la Orgánica de Presupuesto; la Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria; la Orgánica del Banco de Guatemala; la de Contrataciones del Estado, entre otras.
El presupuesto aprobado por el Congreso nos afecta como país.
Es por ello que envié una carta al presidente @DrGiammattei exponiéndole sus múltiples ilegalidades y solicitándole el veto.Está en sus manos corregir esta traición al pueblo. pic.twitter.com/KxFggIWduS
— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) December 13, 2023
Normativas no responden a un plan de Gobierno
Igualmente, señaló que “varias disposiciones”, “menoscaban la autoridad, competencia y rectoría” de los ministros. Competencias que tienen “en toda la República para los asuntos propios de su rama”.
Además, rechazó el empleo de una lista de normativas, que justifican la implementación de prohibiciones que no “responden a la planificación institucional”.
Arévalo denunció también que estas prohibiciones no “guardan concordancia con los planes operativos anuales, multianuales o planes estratégicos” para ser ejecutadas por el Gobierno.
Reducción de la inversión social
Arévalo puntualizó en su mensaje a Giammattei que, además, de las prohibiciones, la ley de presupuesto nacional contiene normativas que imponen una “reducción arbitraria de las inversiones sociales”.
En cambio, criticó que el decreto contenga cláusulas que constituyen “un abuso de la facultad legislativa para modificar el presupuesto”. Adicionalmente, favorecen a organizaciones no gubernamentales con el gasto público.
Arévalo advirtió a Giammattei que las disposiciones afectan el cumplimiento de las responsabilidades del Ministerio de Finanzas Públicas.
También incluyen normativas de pago que obligan al Gobierno a pagar una “deuda pública ilícita”. La cual contienen “asignaciones cuestionables, opacas y que inducen a la corrupción”.
Al respecto, explicó que la ley de presupuesto incluye gastos “cuestionables”. Entre estos, mencionó recursos asignados a organizaciones no gubernamentales por montos que superan los 640 millones de dólares. Al igual que la asignación de cantidades millonarias a instancias privadas “sin criterios claros”.
De hecho, alertó en el documento que muchas de estas organizaciones “no cuentan con experiencia, son desconocidas o tienen evidentes nexos con actores políticos”.
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