La noticia paraliza a Ecuador y recorre América Latina y el mundo. A poco más de una semana de las elecciones presidenciales, sicarios asesinaron al candidato presidencial derechista Fernando Villavicencio, cuando se retiraba de una mitin de campaña en el norte de la capital, Quito.
Es el segundo político asesinado en la vía pública en menos de tres semanas. El 24 de julio fue asesinado Agustín Intriago, alcalde de la ciudad de Manta, en la costa ecuatoriana. Junto al alcalde cercano al partido de Rafael Correa fue asesinada una joven futbolista.
Villavicencio fue alcanzado por varios disparos cuando rodeado de guardaespaldas y simpatizantes subía a una camioneta tras hablar en un acto en un colegio. Villavicencio, de 59 años, fue uno de los ocho candidatos que se inscribieron para participar en las elecciones previstas para el 20 de agosto, convocadas tras la decisión del presidente Guillermo Lasso de apelar al mecanismo de “muerte cruzada” de los poderes ejecutivo y legislativo, para eludir el juicio político que adelantaba en su contra la Asamblea Nacional.
Villavicencio era periodista y fue miembro de la AN disuelta. Aparecía segundo en la intención de voto con 13.2 por ciento, detrás de la abogada progresista Luisa González (con 26.6 por ciento), según la más reciente encuesta de Cedatos.
El expresidente Rafael Correa tuiteó desde su exilio en Bélgica: “Ecuador se ha convertido en un Estado fallido. Dueles Patria. Mi solidaridad con su familia y con todas las familias de las víctimas de la violencia. Los que pretenden sembrar aún más odio con esta nueva tragedia, ojalá entiendan que aquello sólo nos sigue destruyendo”.
Los asesinatos de Intriago en julio y de Villavicencio ahora son apenas las noticias salientes de un proceso que comenzó hace tiempo, y que está marcado por la creciente hegemonía de carteles de la droga que ganaron influencia y poder desde que creció exponencialmente el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos desde puertos en el Pacífico ecuatoriano.
Autopista de cocaína
Se calcula que actualmente un tercio de la producción de cocaína en Colombia llega a Ecuador, para salir por el Pacífico hacia México y su destino final: Estados Unidos. El año pasado fue noticia repetida la violencia en las cárceles, donde en matanzas propiciadas por bandas del narcotráfico murieron más de 400 reclusos.
Pero la violencia se trasladó también a las calles, primero en el Golfo y el Puerto de Guayaquil, por donde según datos oficiales sale más de la mitad de toda la cocaína que llega desde Colombia. En Guayaquil operan el Cártel de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación. Sus pugnas de control territorial se ven en las cárceles y también en las calles.
El gobierno de Lenin Moreno primero y el de Lasso después poco y nada hicieron por frenar este espiral de violencia y el empoderamiento territorial y económico del narco. Por el contrario, durante ambos mandatos se multiplicaron las denuncias de connivencia y especialmente los escándalos de fondos fugados a paraíso fiscales por poderosos empresarios vinculados a ambas administraciones.
Una arquitectura que se construyó en el tiempo, en paralelo a la acción de los carteles. Un análisis publicado en 2021 indicaba que el 10 % más rico en Ecuador concentraba el 34 % del total de sociedades radicadas en paraísos fiscales. En todo el mundo estas empresas de escritorio se utilizan para evadir impuestos y también, en muchos casos, para lavar dinero del narco.
Estado fallido, dice el expresidente Correa, y no parece una consigna de campaña. Ecuador camina por el borde del precipicio. Si como se presume el correísmo retoma el gobierno, confirmando una tendencia que comenzó en las elecciones seccionales de febrero, el progresismo tendrá en sus manos una papa caliente y un enorme desafío: frenar el espiral de violencia que -la historia de la vecina Colombia lo muestra claro- amenaza con coparlo todo.
