Hoy viernes 1 de marzo, la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió restablecer las investigaciones contra la República Bolivariana de Venezuela por presuntos delitos de lesa humanidad.
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En este sentido, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Yvan gil, emitió un comunicado donde rechaza la decisión de la Sala de Apelaciones del CPI, destacando que durante la audiencia celebrada en noviembre del 2023, Venezuela presentó los recursos suficientes para demostrar la instrumentalización de este mecanismo tiene por objetivo fines políticos.
Al tiempo, que lamenta la inacción del organismo ante el genocidio que sufre Palestina a manos del gobierno Israelí de Benjamín Netanyahu, enfatizando que el CPI ha optado por invertir su tiempo y recursos para seguir atacando la soberanía de Venezuela, en lugar de impedir o detener la crueldad en la Franja de Gaza.
Gobierno venezolano rechaza la decisión de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional de reanudar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad en el país. pic.twitter.com/8R741ij6fa
— Venezuela News Última Hora (@VNUltimaHora) March 1, 2024
Acusación cuestionable
Anteriormente, Venezuela habría denunciado la intención de instrumentalizar los mecanismos de la CPI con fines políticos. Esto, impulsado por el gobierno de los Estados Unidos para desestabilizar al Gobierno bolivariano con acusaciones de “Lesa Humanidad”.
En 2018 expresidentes que formaban parte del Grupo de Lima introdujeron una denuncia contra el Gobierno venezolano por presuntos delitos en materia de Derechos Humanos. Acciones desarrolladas en 2014 y 2017 cuando políticos de la extrema derecha lideraron una insurrección violenta con la que pretendían sacar del poder al presidente Nicolás Maduro. Esto apoyados por Estados Unidos y sus aliados.
Los demandantes son exmandatarios que en sus países son recordados y denunciados por graves violaciones a los derechos humanos, como Iván Duque, Mauricio Macri y Sebastián Piñera.
Proceso irregular
En su momento, el canciller venezolano, Yvan gil, catalogó como “graves irregularidades” este proceso que la CPI sostuvo contra la nación. A la vez que exigió un trato justo, equilibrado y objetivo para volver a la legalidad que rompió el inicio de este proceso.
Uno de los puntos del porqué Venezuela señala el procedimiento como irregular, implica que a la nación se le notificó sobre la investigación dos años después. Por su parte, el Gobierno ha entregado todos los requerimientos que la CPI ha solicitado.
La Corte Penal Internacional y las supuestas víctimas no han entregado ninguna evidencia de la cadena de mando. Este dato es importante para finiquitar la existencia de un plan sistemático y organizado desde el Estado para atacar a un grupo determinado.
El Estado venezolano se opone a la investigación, argumentando que los hechos denunciados no están bien calificados y no son competencia de la corte, ya que la justicia interna del país sí actuó ante lo sucedido.
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