El juzgado de Barcelona, España acordó la apertura de juicio oral contra la cantante Shakira por seis delitos contra la Hacienda pública.
Asimismo, los delitos imputados contra Shakira son fraude y utilización de personas jurídicas interpuestas en tres ejercicios del IRPF. Además de otros tres en el Impuesto sobre el Patrimonio.
Sin embargo, el juzgado no ha adoptado ninguna medida cautelar en su contra, pese a los delitos presuntamente cometidos entre 2012 y 2014. Se le señala de fraude por 14,5 millones de euros, simulando que no residía en España.
Por su parte la cantante rechazó en julio un acuerdo y la Fiscalía de España pide ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones. Pero, Shakira ya devolvió los 14,5 millones que le exigía la Agencia Tributaria y otros tres de intereses.
Indicios de que vivía en España desde 2012
La acusación mantiene que, al haber residido en España más de 183 días al año, Shakira era residente fiscal en España y tenía la obligación de tributar completo.
Según la fiscalía, para evitar hacerlo Shakira «utilizó un entramado societario», con sede en las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo. El objetivo de esto sería con el fin de ocultar su renta y su patrimonio.
Por su parte, la Fiscalía de España sostiene que el plan de la cantante consistía en que sus empresas figurasen formalmente como titulares de las rentas. Mientras que ella solo constaba «en último lugar y algunas sociedades radicadas en paraísos fiscales» a las que fueron a parar la mayor parte de sus ingresos.
Asimismo, asesorada por varios profesionales, los años 2008, 2012 y 2013 la cantante llegó a acuerdos con las autoridades fiscales de Luxemburgo. Esos acuerdos, según la fiscalía, dieron pie a una «mínima tributación fiscal», de tan solo el 2 % de la renta bruta generada. Como consecuencia, le permitían a Shakira transferir a sociedades o sus propias cuentas el grueso de sus ingresos.
