Empresarios venezolanos inmersos en una trama de corrupción descubierta hace siete años aún no han sido sentenciados, a pesar de que admitieron su culpabilidad en 2016. Se los acusa de haber puesto en práctica desde octubre de 2009 un esquema ilegal para controlar las compras internacionales de la estatal petrolera PDVSA en Estados Unidos. La investigación se lleva a cabo en el Distrito Sur de Texas de ese país del norte. Todo apunta a que fueron acogidos como testigos protegidos en EEUU.
Entre otros, estos empresarios son el zuliano Roberto Rincón Fernández, accionista de empresas como Tradequip, Clover, Ovarb Industrial; y Abraham Shiera, de Vertiz. Se descubrió que estos sobornaron por más de mil millones de dólares a altos funcionarios de PDVSA para que las empresas controladas por ellos fueran las únicas contratadas por la estatal. De este modo pasarían a ser los únicos proveedores seguros de la petrolera.
A través de un correo electrónico enviado por Roberto Rincón a compradores, se conoció cómo funcionaba este esquema de manipulación de los procesos licitatorios de PDVSA, según reseña el portal La Tabla. A cambio de obtener los contratos, estos empresarios depositaron ingentes sumas de dinero en las cuentas de los funcionarios sobornados y hasta canalizaron un crédito hipotecario para la adquisición de una lujosa vivienda en Houston. Asimismo, pagaron vacaciones con boleto, alojamiento en hoteles, alquiler de vehículos y bebidas alcohólicas.
La investigación determina que al menos recibieron una docena de contratos por montos millonarios. Por el hecho viciado, en noviembre de 2017 fue detenido en Caracas Francisco Jiménez, hasta esa fecha encargado de las compras internacionales de PDVSA. Autoridades calcularon en más de mil 162 millones de dólares los beneficios que dejó la corrupción a las empresas de Rincón y Shiera.
Corrupción en PDVSA: MP pide que empresarios sean juzgados en Venezuela
En mayo de 2018, el titular del Ministerio Público, Tarek William Saab, anunció el inicio formal de una muy profunda investigación por este caso de corrupción. «Tal vez una de las más importantes de los últimos meses de este 2018. Tiene que ver con un desfalco milmillonario al patrimonio de la nación, a través de la oficina satélite de PDVSA, PDVSA Servicio».
Saab explicó que esa oficina se creó en 2009 para la realización de compras internacionales para la industria petrolera venezolana. Sería de funcionamiento provisional pero estuvo activa más de lo previsto: de 2009 a 2012.
En un lapso de cuatro años se tramitaron 23 mil 216 compras, por un monto estimado de 11 mil 969 millones de dólares. No obstante, «un importante número de esas compras se hizo de manera irregular para favorecer a algunas empresas produciéndole enormes daños patrimoniales al país. Producto de sobreprecio, sobrevaloración, compra de equipos no adecuados, productos dañados, equipos no entregados, entre otras desviaciones», declaró el fiscal Saab.
«Durante esos cuatro años hubo numerosas desviaciones en los procesos de compras realzados. Se favoreció a empresas bajo el esquema de adjudicaciones directas, se manipuló el sistema para incorporar a nuevos proveedores que no aparecían como tales. Además, las compras internacionales se realizaron desde Venezuela simulando que se hacían desde Holanda».
Saab añadió que en total son 32 empresas, que se crearon «usando nomenclaturas en inglés» para actuar «destacándose por encima de cualquiera para cometer estos ilícitos». Anunció además que se han solicitado las debidas órdenes de aprehensión a cómplices que sí vivían en Venezuela cuando se destapó el entramado.
«Deberían estar aquí y el MP iniciará las formalidades respectivas para que ambos estén a la orden de la justicia venezolana, como corresponde». Así lo enfatizó sobre este sonado caso de corrupción en la estatal PDVSA.
