El pasado jueves el sacerdote Alfredo Infante, perteneciente al Centro Gumilla y el coordinador de accesibilidad de Provea, Marino Alvarado, aclararon que sus investigaciones sobre asesinatos extrajudiciales cometidos presuntamente en el estado Carabobo, no buscan dañar la reputación ni difamar al gobernador Rafael Lacava.
Dichas declaraciones hacen referencia a la denuncia presentada por la autoridad local contra ambos activistas de derechos humanos por el delito de difamación. Esto luego de que Infante y Alvarado solicitaran al Ministerio Público investigar a Lacava por unos supuestos asesinatos extrajudiciales denunciados en el informe de la coalición Lupa por la Vida.
En ese sentido, aclararon durante una rueda de prensa que dicho informe «no es contra su persona. Es a favor de la vida». Asimismo, explicaron que el documento «no es una campaña contra ningún gobernador». Reiteraron que la solicitud de la investigación en el MP no es hacia la máxima autoridad local, sino hacia las «cadenas de mando».
Sobre este punto solicitaron a Lacava llegar a una conciliación para investigar las 221 denuncias de asesinatos extrajudiciales recopiladas en el informe de Lupa por la Vida. Aparentemente, dichos crímenes los cometieron funcionarios de la policía del estado Carabobo.
«Los familiares de las víctimas tienen derecho a la justicia y a la reparación. Todos los venezolanos tenemos el sagrado derecho a la vida. Estamos convencidos que pedir una investigación ante presuntas ejecuciones extrajudiciales es un derecho y un deber ciudadano, amparado en la Constitución. No es un delito», expresó Infante.
