La oposición venezolana propuso este viernes eliminar “los excesivos controles” del “gobierno interino” de Juan Guaidó. Se refieren a las restricciones impuestas por el extinto parlamento de 2015.
Según los diputados salientes, esos controles son la causa por la que no se ha logrado el “cese de la usurpación“.
A través de un comunicado, el “procurador” designado por Guaidó, Enrique Sánchez Falcón argumentó que es necesario eliminar ese control parlamentario.
La propuesta busca darle poderes plenos a Guaidó. Esto le daría a él y a los partidos que lo respaldan la posibilidad de usar activos de la nación. Además de tomar decisiones sin ningún tipo de rendición de cuentas o control político.
Procurador Especial Enrique J. Sánchez Falcón propone a la Asamblea Nacional reforma del Estatuto de la Transición para el rescate de las atribuciones Constitucionales del Presidente Encargado de Venezuela Juan Guaidó. pic.twitter.com/sY97bZKjF4
— Procuraduría Especial de la República de Venezuela (@DeProcuraduria) December 24, 2021
Estrategias de la oposición
A principios de diciembre el dirigente nacional de Primero Justicia (PJ), Julio Borges, renunció al cargo que ocupaba en el “gobierno interino”.
En ese momento aseguró que dicho “gobierno” “tiene que desaparecer completamente, porque se ha deformado”.
Denunció además que el partido de Juan Guaidó, Voluntad Popular, no expresa claridad en la administración de los fondos. De manera que conminó a la población a leer el reciente informe de la ONG Transparencia.
“Que dice que el manejo de activos y juicios no tiene rendición de cuentas. De manera que nosotros no vamos a seguir formando parte de una estructura que lamentablemente ha usado los activos de los venezolanos para fines personales y para provecho personal”.
La oposición y los activos venezolanos
La semana pasada la Corte Suprema de Justicia del Reino Unido anunció que Venezuela no tiene derecho a reclamar el oro de su propiedad que se encuentra en el banco de Inglaterra.
El máximo juzgado decidió remitirlo al Tribunal de Comercio para que determine quién debe disponer de las 31 toneladas del metal precioso propiedad de los venezolanos.
