La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gladys Gutiérrez, expresó este viernes que el Poder Judicial ha sido constante en el combate a la corrupción de modo objetivo y en todos los ámbitos. A su juicio, ha sido una lucha tanto a lo interno como en el desarrollo de la actividad jurisdiccional, más aún con las políticas de la Revolución Judicial, que nació para depurar el sistema de justicia venezolano.
Gutiérrez hizo esta consideración en el foro “Contra la Corrupción“, transmitido por videoconferencia a las diferentes sedes judiciales del país. Este se desarrolló en el marco del convenio interinstitucional suscrito el pasado 17 de febrero por la Presidenta del Alto Juzgado y la Superintendenta del Cuerpo Nacional contra la Corrupción, Jhoana Ytriago.
Las autoridades se propusieron seguir profundizando en la difusión de conocimiento encaminado a concientizar, prevenir y sancionar las acciones que atenten contra el patrimonio público y la ética en la función pública, con especial énfasis en el sistema de administración de justicia.
La Presidenta del TSJ ratificó que desde el Poder Judicial se actúa con tenacidad en este sentido. Consideró que son vitales los esfuerzos del Poder Ejecutivo Nacional por iniciativa del Jefe de Estado, Nicolás Maduro. Este, dijo la magistrada, por encima de cualquier circunstancia está defendiendo el axioma de la moral pública como un desiderátum cardinal e impostergable para honrar la dignidad y el bienestar del pueblo, en tiempos de agresiones externas.
En ese sentido, resaltó la firmeza indeclinable y unánime de las autoridades judiciales en coadyuvar desde los órganos del sistema de justicia en la erradicación de la corrupción. También mediante la gestión judicial que desarrollan los tribunales que conocen de aquellos juicios por delitos derivados y conexos asociados a los fenómenos de este flagelo y la delincuencia organizada.
Afirmó igualmente que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela concibe la necesidad de prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa. Además, velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público, el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad en toda la actividad administrativa del Estado.
En este evento, celebrado en el auditorio principal del máximo tribunal, en Caracas, además intervino la superintendenta del Cuerpo Nacional contra la Corrupción, Jhoana Ytriago. Esta señaló que el foro se realizó con el propósito de compartir experiencias sobre el marco legal, políticas de Estado e iniciativas desarrolladas por el Poder Público en este combate anticorrupción.
Hizo un recuento de las actividades y convenios de trabajo que han realizado con otras instituciones en el ámbito nacional e internacional. Además explicó que el Cuerpo Nacional contra la Corrupción es el órgano rector encargado de enseñar, planificar, estructurar, recomendar y ejecutar las políticas públicas del Estado contra los delitos inherentes a esta problemática.
Especialistas en la materia participaron en el foro
Asimismo participaron Dorángel Cañizales y Desireé Vitale, asesoras académicas del Cuerpo Nacional Contra la Corrupción. Estas hablaron de prevención contra la corrupción y corrupción en el ordenamiento jurídico venezolano. De modo que se refirieron a las responsabilidades de la Policía Nacional Contra la Corrupción, para ejecutar las operaciones de investigar, combatir, neutralizar y perseguir los delitos asociados y conexos a este flagelo.
Finalmente, el economista Oscar Perdomo expuso acerca de legitimación de capitales y economía del digital. Explicó elementos y modalidades asociadas a tal delito y las incidencias de la era digital económica.
Estuvieron presentes magistrados y magistradas del TSJ, el Director General de la Escuela Nacional de la Magistratura, la Inspectora General de Tribunales, el Director Ejecutivo de la Magistratura, el Defensor del Pueblo, el Defensor Público General, diputados y diputadas a la Asamblea Nacional, autoridades civiles y militares, juezas y jueces, servidoras/es judiciales, representantes de los consejos comunales y del Poder Popular.
Con información de nota de prensa del TSJ
