Los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, dueños de la discoteca Jet Set en Santo Domingo, que se desplomó el pasado 8 de abril de 2025, fueron imputados por homicidio involuntario.
El juez Raymundo Mejía, titular del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional de la República Dominicana, dictó auto de apertura a juicio de fondo.
El colapso del establecimiento provocó la muerte de 236 personas y dejó más de 180 heridos durante una presentación del merenguero Rubby Pérez.
El magistrado desestimó el requerimiento de los querellantes, quienes solicitaban elevar la tipificación penal a homicidio voluntario bajo el argumento de que los empresarios operaban el local plenamente conscientes del daño estructural que presentaba la edificación.
Medidas cautelares y retención de bienes
Durante la audiencia, el tribunal ratificó las medidas de coerción vigentes contra los hermanos Espaillat, las cuales contemplan el pago de una garantía económica, obligación de firma y presentación periódica ante las autoridades e impedimento de salida del territorio dominicano.
Asimismo, el juez Mejía dispuso el embargo preventivo e inmovilización de los activos financieros y bienes de los acusados por una suma límite de 500 millones de pesos (aproximadamente 8,3 millones de dólares).
Tras conocerse el dictamen, el Movimiento Justicia Jet Set, que representa a los sobrevivientes y familiares de las víctimas mortales, emitió un comunicado oficial en el que manifestó su respeto hacia la institucionalidad del Poder Judicial, aunque calificó la resolución del tribunal como insuficiente para esta fase del litigio.
El juez dictaminó que los acusados carecían de la intención deliberada de causar la catástrofe y el colectivo de víctimas refutó este criterio señalando que la figura de homicidio voluntario con dolo eventual, la cual exigen aplicar, no demanda un deseo directo de causar la muerte.
