El gobierno de Países Bajos impidió a una delegación venezolana el «traslado efectivo y seguro» hasta la ciudad de La Haya para cumplir con una reunión previamente acordada con el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan. Así lo denunció este lunes, la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, en declaraciones a través de la estatal Venezolana de Televisión (VTV).
La alta funcionaria recordó que el 3 de noviembre el gobierno de Nicolás Maduro y el fiscal Khan concertaron un nuevo encuentro en La Haya. Tal cual reza el memorando de entendimiento suscrito en esa fecha, en Caracas, apuntó. Sin embargo el gobierno de Países Bajos impuso «condiciones de imposible cumplimiento».
«Al día de hoy siendo en Venezuela las 2:16 de la tarde y siendo La Haya donde se encuentra la Corte Penal Internacional, el gobierno de Países Bajos ha obstaculizado el traslado de la delegación que iría a cumplir la misión especial, conforme a los tratados internacionales», dijo Rodríguez. «Hay cinismo detrás de esta decisión. Es una estratagema para engañar y confundir», consideró.
Argumentos de Países Bajos
La cancillería de Países Bajos comunicó a su par de Venezuela que «no tienen suficientes pruebas de que los vuelos propuestos por Venezuela para examinar seguridad y protección de las aeronaves, conforme a las normas de seguridad vigentes».
«Nuestra delegación sería trasladada en una aeronave de Conviasa, en un vuelo oficial, no comercial y de carácter diplomático (…) Este avión se mueve por el mundo, ha llegado hasta Rusia, país potencia», argumentó Rodríguez en contraposición a lo dicho por Países Bajos.
Pero además aduce que la aeronave de la estatal venezolana no cuenta con el permiso TCO, conocido como operadores de terceros países. «Esa aeronave que trasladaría a nuestra delegación obtuvo ese permiso el pasado 9 de abril de 2021. Esa es la evidencia del engaño que violenta el acuerdo suscrito con la CPI, impidiendo que una alta autoridad se traslade a una reunión de trabajo presencial», responde Rodríguez.
La vicepresidenta leyó el artículo 21 del acuerdo rubricado entre la CPI y el Estado venezolano. «Los representantes de Estados que participen en las actuaciones de la Corte gozarán durante el desempeño de sus funciones oficiales en el Estado anfitrión de privilegios, inmunidades y facilidades (…) Los funcionarios no serán sometidos a ninguna medida que pueda evitar el desempeño libre e independiente de sus funciones ante la Corte». No obstante, «ellos han puesto condiciones insólitas».
Decisiones gubernamentales
En ese sentido, informó que el Jefe de Estado instruyó a la Cancillería «informar de inmediato de esta situación al secretario general de Naciones Unidas y a la presidenta de los Estados parte del Estatuto de Roma». Asimismo, se ofreció reubicar la reunión en un tercer país de fácil acceso y traslado para las partes.
«Venezuela eleva su más enérgica protesta contra el gobierno de Países Bajos por esta afrenta ilegal que violenta todo el ordenamiento jurídico internacional. Es vergonzoso lo que está ocurriendo», agregó.
«Nos mantenemos en la vía del respeto del derecho internacional (…) Vamos a seguir empeñados en la integridad y felicidad de nuestro pueblo. Nuestro país tiene tradición en el apego estricto del derecho internacional y a la legalidad nacional», cerró la vicepresidenta.
