Dos puestos claves del gobierno de Argentina, serán ocupados por Patricia Bullrich, quien asumirá como ministra de Seguridad, y Rodolfo Barra en la Procuración del Tesoro, los cargos para ambos exfuncionarios de derecha fueron confirmados por el presidente electo, Javier Milei.
En ese sentido, desde el 10 de diciembre la excandidata presidencial tomará posesión del cargo que ya ocupó entre 2015 y 2019, en una gestión que se caracterizó por la fuerza de represión a la protesta social.
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En medio de todo esto, una interna entre Macri y su exministra, Bullrich, se da por las pretensiones de un acuerdo global entre el partido que ella preside, Propuesta Republicana (PRO) y el partido de Milei, La Libertad Avanza. Por lo que, medios destacan que se persiguen otros puestos clave.
«El que las hace la paga«, sentencia el mensaje de Bullrich vía X, con el que agradeció a Milei por la designación, aunque en el pasado negó sus pretensiones de regresar a un área que ya hubiera conducido.
Agradezco al presidente electo @JMilei la oportunidad ofrecida para volver a servir a la patria como ministra de Seguridad.
Me comprometí con cada uno de ustedes a lograr el cambio profundo que nos demanda la sociedad y daré esa batalla desde el lugar que hoy me toca.
El…
— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) December 1, 2023
En cuanto al exjuez de la Corte menemista Rodolfo Barra, el otro exfuncionario de derecha que el gobierno de Milei ha elegido para uno de sus puestos claves, responsable de la Procuración del Tesoro, se trata de un abogado con un amplio prontuario.
En puestos donde promovió arbitrarias leyes
- Corte Suprema adicta de Carlos Menem entre 1990 y 1993 (A dedo)
- Integró la «mayoría automática» con la que gobernó Menem
- Ministerio de Justicia (1994-1996)
Tal como lo destacan medios regionales, el exfuncionario de derecha buscó impulsar la recordada «ley Mordaza«. Con esta intentó aumentar las penas y multas por calumnias e injurias.
Asimismo, se habla de la ley Anticorrupción, para impedir la publicación de declaraciones juradas de bienes de funcionarios. Igualmente, pretendió aplicar una norma que permitía a funcionarios policiales requisar y secuestrar elementos sin orden ni autorización de la Justicia.
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