La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, Estados Unidos, confirmó un fallo que permite el embargo de $420 millones en bonos del Tesoro estadounidense pertenecientes a Argentina, los cuales fueron utilizados para aliviar la deuda y garantizar el pago a los acreedores, “Plan Brady”, utilizado en el default del 2001.
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En ese sentido, el fallo que permite el embargo de bonos del Tesoro afecta directamente a Argentina, que enfrenta múltiples litigios internacionales.
Cabe mencionar que los demandantes son siete fondos de inversión que adquirieron deuda argentina en 1994 y que se vieron perjudicados tras la cesación de pagos del país en diciembre de 2001.
En 2021, el tribunal del Distrito Sur de Manhattan ya había autorizado el embargo de estos activos en Estados Unidos, y la reciente decisión de la corte de apelaciones reafirma esa orden.
El caso se remonta a la década de 1990, cuando Argentina implementó el Plan Brady, que implicó la conversión de cerca de 30 mil millones de dólares en bonos no garantizados a bonos garantizados con vencimiento en 2023; pero se dejaron de pagar tras la caída de la Convertibilidad.
Ahogado en deudas
Además de esta situación, Argentina enfrenta otros juicios en Estados Unidos, incluyendo uno contra el fondo Titan Consortium, que exige una indemnización de 320 millones de dólares por la estatización de Aerolíneas Argentinas en 2008.
Recientemente, el país también perdió una apelación en una corte británica, lo que le obliga a pagar 1,670 millones de dólares por un mal cálculo en los cupones de deuda atados al crecimiento del PIB.
La situación se agrava con una reciente condena por el impago de la deuda de 2001, que le costará a Argentina otros 140 millones de dólares. No obstante, el caso más significativo se resolverá en las próximas semanas, con una condena que podría obligar al país a pagar 16,100 millones de dólares a Burford Capital por la nacionalización de YPF en 2012.
Según el analista Sebastián Maril de Latam Advisors, el total de litigios abiertos contra el país suramericano alcanza los 28 mil millones de dólares, describiendo esta situación como un “tsunami” que podría complicar aún más la gestión de Javier Milei. “Cuanto más demore en resolverlos, peor será para su plan económico”, advirtió.
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