El exalcalde del municipio Guanta, estado Anzoátegui, Jhonnathan Marín, se declaró culpable este jueves en la ciudad estadounidense de Miami. El también abogado, que permanecía prófugo de la justicia venezolana, aceptó su responsabilidad en el cobro de 3,8 millones de dólares en sobornos, a cambio de interceder para la aprobación de onerosos contratos petroleros con determinadas empresas. Así lo informó la agencia de noticias AP, a través de su corresponsal Joshua Goodman.
De esta forma, Marín se acoge a un acuerdo de culpabilidad con las autoridades de Estados Unidos. Esto le compromete a “cooperar plenamente con los agentes federales”. El país del norte se toma el caso para sí porque el exalcalde habría transferido el dinero recibido por los sobornos a cuentas bancarias en el sur de Florida. Luego, ese capital fue usado para la compra de propiedades y aviones privados en ese estado, según informó Goodman.
Agrega como parte de la trama que, entre 2015 y 2017, Jhonnathan Marín supuestamente ordenó al director de adquisiciones de Petrocedeño otorgar decenas de millones de dólares en contratos a empresas de un socio que aún no se identifica.
En esta época el presidente de PDVSA era el hoy prófugo en Italia, Rafael Ramírez. Petrocedeño es una petrolera antes propiedad de la estatal PDVSA, Total de Francia y Equinor de Noruega.
Trama
Goodman recuerda en su reseña periodística que Marín fungió como alcalde de la ciudad portuaria de Guanta durante casi una década, hasta 2017. Ese año renunció intempestivamente y huyó. Posteriormente, la justicia venezolana ordenó su arresto por delitos de corrupción y la Contraloría General le prohibió postularse a cargos públicos. Ya en abril último se había entregado en EEUU por el delito de conspiración para delinquir.
“Se entregó silenciosamente en Miami en abril por un solo cargo de conspiración para cometer un delito contra EEUU, un cargo menor que conlleva una pena máxima de cinco años de prisión. Fue puesto en libertad el mismo día con una fianza de 100.000 dólares, según los registros judiciales”, reseña Goodman en el referido medio.
“No hay indicios en la denuncia de que alguno de los socios extranjeros de PDVSA haya participado o siquiera estuviera al tanto del esquema de soborno”, agregó el corresponsal de AP.
No es de extrañar que EEUU pretenda usar este caso de corrupción, que Venezuela jamás negó, una vez más para intentar enlodar a los gobiernos de Hugo Chávez y de su sucesor, Nicolás Maduro. Especialmente porque el acuerdo suscrito con Marín podría pasar por que el exalcalde dé algún falso testimonio que dañe la moral del Ejecutivo venezolano.