Esta semana el Tribunal Supremo de la India dará el veredicto sobre la legalidad del matrimonio igualitario en la nación asiática. Esto sucede ante la jubilación de Ravindra Bhat, uno de los jueces del caso.
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En ese sentido, las audiencias del magistrado de la máxima instancia judicial de ese país, iniciaron en abril del presente año, con personas involucradas que elevaron sus peticiones contra el Gobierno indio. Ahora, el tribunal debe emitir un veredicto antes del retiro de este componente del banquillo de cinco jueces.
Medios destacan que una fuente cercana al proceso judicial, señaló que «el tribunal tiene que pronunciar su sentencia antes de que cualquiera de los jueces se retire».
Por lo tanto, esa condición se debe a que, si se jubilan, «el tribunal en pleno no podrá redactar la sentencia y entonces habrá que volver a escuchar el caso«.
A cinco años de la abolición de ley británica
El escenario donde el Tribunal Supremo de la India dará el veredicto sobre la legalidad del matrimonio igualitario, se desarrolla a cinco años después que la nación asiática aboliese una ley británica con más de 150 años de antigüedad.
Cabe destacar que esa ley daba castigo a los actos que considerara «contra natura«. Al igual que criminalizaba, con penas de cárcel, las relaciones entre personas del mismo sexo.
En ese contexto, la solicitud parte por modificar la Ley especial de Matrimonio, la cual es de carácter secular. Esta se encuentra al margen de las leyes de otros matrimonios que también rigen en el país con más de 1400 millones de habitantes.
Estos matrimonios provienen de las religiones:
- Hindú
- Musulmana
- Cristiana
Por su parte, el Gobierno indio se ha opuesto a esa petición desde el principio y de manera rotunda. El Estado afirma que el matrimonio debe estar conformado exclusivamente entre un hombre y una mujer.
No obstante, sin reconocer su unión matrimonial, el Ejecutivo nacional estableció un comité a fin de otorgar ciertos derechos legales a las parejas del mismo sexo.
Asimismo, desde la Presidencia de este país, se ha apoyado que la decisión sobre la legalidad del matrimonio igualitario provenga del Parlamento y no del Tribunal Supremo.
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