En un fallo sin precedentes para el ámbito corporativo y los derechos humanos, la Justicia del Trabajo de Brasil condenó a la multinacional automotriz Volkswagen al pago de una indemnización de 165 millones de reales (aproximadamente 30 millones de dólares) por daño moral colectivo. La sentencia penaliza la explotación de cientos de personas bajo condiciones análogas a la esclavitud en la Hacienda Vale do Rio Cristalino entre 1974 y 1986.
Los recursos económicos de la sanción se destinarán íntegramente al Fondo Estatal de Promoción del Trabajo Digno y de Erradicación del Trabajo en Condiciones Análogas a la Esclavitud en Pará. De acuerdo con el dictamen del Juzgado del Trabajo, la empresa no solo financió el proyecto, sino que tuvo un rol activo en la toma de decisiones.
«Las pruebas demuestran que Volkswagen do Brasil no solo invirtió en la compañía, sino que participó activamente en su conducción estratégica, beneficiándose directamente de la explotación ilícita de la mano de obra», sentenció el juez Otavio Bruno da Silva Ferreira.
Servidumbre y violencia en la Amazonía
El modelo de producción implementado en la hacienda se dio durante el periodo de la dictadura militar brasileña (1964-1985). Asimismo, contó con financiamiento público, incluía prácticas sistemáticas de servidumbre por deudas, vigilancia armada y violencia física.
Según los informes presentados por el Ministerio Público del Trabajo (MPT), las víctimas enfrentaban condiciones de vida degradantes. Tales como alojamientos precarios, alimentación insuficiente y una total falta de asistencia médica, un factor crítico dado el alto índice de trabajadores afectados por malaria.
El proceso legal que derivó en esta condena histórica se inició en diciembre de 2024 tras una acción civil pública del MPT. Esta sustentada en una exhaustiva investigación documental liderada desde 2019 por la Comisión Pastoral de la Tierra y el sacerdote Ricardo Rezende Figueira.
Reparación pública y nuevas políticas de derechos humanos
Además del impacto financiero, la resolución judicial obliga a Volkswagen a cumplir con estrictas medidas de reparación y prevención:
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Disculpa pública: Deberá reconocer de forma abierta su responsabilidad y pedir perdón a las víctimas y a la sociedad brasileña.
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Políticas de control: Implementar una política institucional de Derechos Humanos y Trabajo Decente.
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Cláusulas con proveedores: Prohibir explícitamente cualquier práctica de explotación laboral en su cadena de suministro mediante auditorías independientes.
Cabe destacar que en 2020 la multinacional ya había firmado un acuerdo judicial donde admitía su complicidad y colaboración con las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el régimen militar en Brasil.
La respuesta de Volkswagen
Tras ser consultada sobre la resolución, la automotriz alemana con presencia en Brasil desde la década de 1950 adelantó a los medios de comunicación que apelará la sentencia ante los tribunales correspondientes. Mediante un comunicado oficial, la filial informó:
«Volkswagen do Brasil tomó conocimiento de la decisión en primera instancia (…) pero seguirá su defensa en busca de justicia y seguridad jurídica en las instancias superiores».
La multinacional reafirmó que cuenta con un legado de 72 años en el país sudamericano respaldando los principios de la dignidad humana. Asegurando así que cumple de forma rigurosa con las normativas laborales vigentes y sus políticas de responsabilidad social.
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