El pasado mes de marzo, múltiples asesinatos acontecieron a ciudadanos salvadoreños. El país registró una de las jornadas más violentas de los últimos tiempos, con un saldo de aproximadamente 80 muertos.
Sobre este tema, el medio «El Faro» difundió una investigación que involucra a funcionarios del gobierno de El Salvador en negociaciones con pandillas. Entre ellas, la Mara Salvatrucha conocida como la MS-13.
«Voceros de la MS-13 revelaron que los asesinatos fueron su respuesta a lo que consideraron una traición del Gobierno. El presidente Nayib Bukele realizó un pacto que mantenían desde hace al menos dos años y medio», publicó este medio.
#ElSalvador | La MS-13 admitió a El Faro haber asesinado a las 87 víctimas de la masacre entre el 25 y el 27 de marzo, en respuesta a lo que consideró una traición en el pacto que tenía con el Gobierno Bukele.
Un reportaje de @chelefaro. 🖋https://t.co/1S7HxIgusI— El Faro (@_elfaro_) May 18, 2022
Asimismo, la fractura de este vínculo entre el gobierno y las pandillas en El Salvador sería por llevar a cabo la detención de varios representantes de estas organizaciones criminales.
“Incumplieron, hicieron capturas que no tenían que hacer. Donde ellos dijeron lleguen a tal lugar, vamos a dialogar y en lugar de dialogar, capturaron”, relató uno de los líderes de la MS-13.
Voceros gubernamentales
De igual manera, se filtraron audios en los que presuntamente se escucha al director de Reconstrucción del Tejido Social, Carlos Marroquín culpando al ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro por los asesinatos cometidos el pasado mes de marzo.
«En una de las grabaciones, Marroquín dice haber trasladado al presidente Bukele -a quien se refiere como “Batman”. El ultimátum de la pandilla, era un plazo de 72 horas para liberar a sus líderes capturados».
“Una guerra contra las pandillas”
En 2021, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos aplicó sanciones a Carlos Marroquín debido a sus vínculos con líderes pandilleros.
Marroquín también se encuentra involucrado en una gran polémica debido a la falta de información al pueblo salvadoreño sobre las investigaciones y procesos judiciales relacionados a las organizaciones criminales activas en esa nación.
