La fiscalía de Perú anunció que amplió una investigación contra la presidenta Dina Boluarte por lavado de activos. Esto, en el presunto financiamiento ilegal de la campaña de 2021 del partido que integró junto al destituido, Pedro Castillo.
“La primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Lavado de Activos amplió investigación contra Pedro Castillo, Dina Boluarte y Henry Shimabukuro por los delitos de financiamiento prohibido de organizaciones políticas, lavado de activos y organización criminal”.
Así lo indicó la fiscalía de Perú en Twitter. Agregaron que “la presunta comisión de estos delitos se habría producido durante la campaña electoral de Perú Libre en 2021”.
El fiscal del caso, Richard Rojas, tomó la decisión luego que Shimabukuro, exasesor presidencial de Castillo, declarara este martes ante la fiscalía tener pruebas de que Boluarte estaba al tanto de supuestas irregularidades en la recolección de fondos electorales.
Los tres personajes estaban investigados por este caso desde octubre de 2021, cuando surgieron las primeras denuncias de financiamiento ilegal. En ese momento Castillo ya era presidente y Boluarte la número dos del gobierno.
Presuntas pruebas
El exasesor, de acuerdo a la versión de medios locales, entregaron al fiscal audios, fotografías y conversaciones de la aplicación de mensajería WhatsApp donde interviene Boluarte.
El anuncio de la fiscalía surge dos días antes de que el Congreso, controlado por la derecha y aliado ahora de Boluarte, debata el jueves la admisión de una moción de destitución a la presidenta que presentó la izquierda parlamentaria.
Es improbable que la moción quede aprobada porque se necesitan 52 votos para ello, y la izquierda cuenta con 35.
Otra investigación contra Boluarte
Boluarte tiene abierta en la fiscalía otra investigación desde enero, por el delito de genocidio. Esto, a raíz de la brutal represión contra las protestas que estallaron pidiendo su renuncia.
Desde diciembre, mes del inicio de las protestas, 49 civiles han muerto en los enfrentamientos, y también siete uniformados en el contexto del conflicto, según la Defensoría del Pueblo.
Boluarte fungió como vicepresidenta hasta el 7 de diciembre, cuando el Congreso destituyó a Castillo luego de que intentara cerrar el parlamento, intervenir el sistema judicial y gobernar por decreto.
Castillo, que era investigado por corrupción, cumple 36 meses de prisión preventiva dictados por un juez bajo cargos de rebelión.
