A estas alturas, afirmar que Colombia funciona como un verdadero narcoestado no pasa de ser una verdad de Perogrullo. Sin embargo, por más obvio que resulte y por más que exista abundante bibliografía y materiales de todo tipo que lo comprueben, nunca está demás reiterarlo. Especialmente, porque al ser el régimen consentido de la Casa Blanca, goza de muy «buena prensa”, pese a sus vínculos con el narcotráfico . Y por ello, nunca faltarán las personas de buena fe que puedan caer por incautas.
Pero sí, lamentablemente, Colombia es un narcoestado, hay que afirmarlo con todas las letras. Hablamos de una plataforma delictiva institucional, cuyo funcionamiento está magistralmente explicado en el libro La mala hora en Colombia de Forrest Hylton. En esta investigación destacan datos como este: A fines de junio de 2005, cerca del 35% del Congreso colombiano estaba controlado por paramilitares. Y según este mismo trabajo periodístico, 75% del ingreso de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), provenía del narcotráfico.
Ambos datos, que han ido en aumento, desnudan una estructura retorcida. Las AUC que no son otra cosa que el brazo armado de la extrema derecha vive del narcotráfico. Y por otro lado, la extrema derecha controla todos los estamentos de la vida política colombiana; un circulo vicioso que se alimenta y retroalimenta casi hasta el infinito.
Hallazgos de investigación
Teniendo esto presente, tampoco puede extrañar a nadie que el último intento de ataque de la extrema derecha colombiana provenga desde esa dirección. Es decir, ya comienza a quedar claro que ha sido desde Colombia que se ha intentado infiltrar algunas estructuras del poder municipal y legislativo venezolano. Para ello han tentado a cuadros jóvenes con la vieja promesa del dinero fácil .
Siguiendo un patrón que parece calco al carbón de las narconovelas colombianas, fichas importantes del narcotráfico del vecino país, han venido haciendo el trabajo sucio en tierras venezolanas. Pieza clave de este proceso ha sido el ciudadano de nacionalidad colombiana, Víctor Julio Cano Páez.
Este capo de la droga en Colombia se infiltró en diversos estamentos de la vida política nacional. De hecho, era la persona encargada de captar a funcionarios públicos de elección popular (diputados y alcaldes), para armar de a poco una verdadera red de narcotráfico. Por fortuna, el 28 de enero de 2022 se informó la captura Cano Páez, junto a Robert Montaña Viloria y los funcionarios públicos venezolanos: Keyrineth Fernández , Taina González y Luis Viloria Chirinos.
Mini reina del sur
Otra aliada clave de Cano en este proceso, resultó ser la diputada venezolana Jeikar Pérez. Antes de ser apresada el pasado 5 de enero de 2022, esta ciudadana se comportaba como una reina del sur en miniatura.
Documentos de inteligencia, a los que tuvo acceso el equipo de Expediente.News, revelan que Jeikar Pérez, se dedicó a captar otros diputados con un perfil similar al de ella (principalmente jóvenes). En esa tarea deleznable no escatimaba en gastos para impresionar.
Así se supo que al momento de ser candidata en Apure ostentaba fuertes sumas de dinero, aviones privados y grandes camionetas, durante su campaña electoral. Esto hace presumir que desde hace tiempo estaba vinculado a redes del narcotráfico radicadas en Colombia.
Tras ser elegida diputada por Apure, Jeikar Pérez, se radica en San Cristóbal (Táchira). En la capital del estado andino, fronterizo con Colombia, adquiere una mansión ubicada en la lujosa urbanización Colinas de Pirineos. Esta inmensa casa terminaría siendo a la postre su centro de operaciones para el narcotráfico.
El modus operandi se basaba en viajes frecuentes Caracas-San Cristóbal y San Cristóbal-Caracas. En esa ruta, «arrimaba» la droga proveniente de Colombia hacia otros canales de distribución. En caravanas de lujosas camionetas trasladaba grandes cantidades de sustancias ilícitas, como la que le fue incautada en el estado La Guaira. Solía rotular sus camionetas Toyota de alta gama, con el logo del partido político ORA.
El Estado responde
Ante el desafío, el Estado venezolano nuevamente ha dado una respuesta contundente. El desmantelamiento temprano de esta red de narcotráfico, impulsada desde Colombia y que operaba en varias entidades del país, confirma con creces lo acertada de la decisión adoptada el 18 de febrero de 2021, por el presidente, Nicolás Maduro. En esa fecha se creó vía decreto presidencial la Superintendencia Nacional Antidrogas (SUNAD), colocando al frente de la novel institución al M/G Richard de Jesús López Vargas.
Fiel a su estilo de trabajo, López Vargas ha realizado una labor incansable, sin mayores aspavientos. Su meticulosidad comienza a reportar buenos frutos, enmarcados además en el operativo «Mano de hierro», ordenado por el primer mandatario nacional. Hasta ahora han sido detenidas 16 personas como presuntos integrantes de esa red, entre ellos una alcaldesa, tres diputados, un legislador y un asistente del Poder Legislativo. La investigación continúa y se espera que haya nuevas detenciones «caiga quien caiga».
El narcoestado colombiano ha terminado siendo un verdadero dolor de cabeza para el país. No solo porque compartimos una de las fronteras más extensas en Suramérica (un poco más de 2.200 kilómetros), sino porque la extrema derecha de ese país tiene una obsesión mortal con el gobierno venezolano.
Así desde Colombia se han aupado invasiones con paramilitares, intentos de magnicidio con mercenarios y ahora una red de narcotráfico. Todos los intentos frustrados que se estrellan con el más rotundo fracaso, así como las pretensiones de poner a pelear a dos pueblos hermanos por infinidad de razones históricas, culturales y políticas.
