A través de un comunicado, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) informó que 21 soldados del Ejército colombiano y un civil aceptaron su responsabilidad en el asesinato y desaparición forzada 247 falsos positivos.
En el texto, la JEP destacó que se trata de, al menos, 120 personas en El Catatumbo y 127 en la Costa Caribe quienes se presentaron «falsamente como bajas en combate por agentes del Estado».
De acuerdo al informe, este 2021 se imputaron 25 miembros del Ejército y un civil por los delitos de homicidio «en persona protegida y desaparición forzada, que constituyen delitos de lesa humanidad».
Según la JEP, esos crímenes «no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de conteo de cuerpos».
Por lo tanto, también destacó la política de incentivos y presión que practicaron los comandantes sobre sus subordinados «para obtener muertos en combate». Después de la imputación, «22 de los 26 comparecientes reconocieron verdad y responsabilidad por los crímenes».
El oficial de mayor rango, de acuerdo al comunicado, el brigadier general Paulino Coronado Gámez ofreció su perdón a las familia; además brindó su «absoluta disposición para contribuir en el esclarecimiento de la verdad».
📰La JEP recibió el reconocimiento de verdad y responsabilidad de 21 integrantes del Ejército Nacional y un tercero civil por el asesinato de, al menos, 247 personas en estado de indefensión dentro del #Caso 03, conocido como 'Falsos Positivos'.
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— Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) December 10, 2021
El resto de los imputados declararon también su responsabilidad en la participación de los hechos. Igualmente, colaboraron con más pruebas e información para el avance de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas.
En este sentido, para la magistratura, este reconocimiento “es un elemento esencial del Sistema Integral para la Paz y, en particular, de la JEP, en tanto materializa ´el sistema de incentivos condicionados´ en el que se funda este sistema de justicia transicional».
Proceso judicial
La JEP, ordenó cuatro tareas para ser ejecutadas en los próximos cuatro meses:
- Realizar acciones pedagógicas del proceso adelantado en el caso 03, subcasos Norte de Santander y Costa Caribe.
- Identificar las expectativas y valoraciones de las víctimas frente al reconocimiento de responsabilidad que deben presentar los máximos responsables en una audiencia pública.
- Realizar encuentros restaurativos privados entre víctimas y comparecientes.
- Preparar el camino restaurativo para la formulación de propuestas del componente reparador de las víctimas de esta política de Estado.
«El objetivo es que en estos encuentros entre víctimas y responsables se explore avanzar en el restablecimiento de los tejidos sociales que los crímenes graves y masivos rompieron», indica la magistratura.
A inicios de año, tras una investigación, se constató que durante 2002 y 2008 hubo 6 mil 402 personas asesinadas por agentes del Estado y presentadas como «bajas en combate».
Posterior a la firma, en 2017 se estableció la JEP con el objetivo de garantizar el derecho de las víctimas a la justicia.
