El gobierno de Estados Unidos reiteró su “disposición” a levantar sanciones económicas que le ha impuesto a Venezuela, pero solo si el mandatario nacional, Nicolás Maduro, da “pasos concretos” para la realización de elecciones en el país.
El anuncio lo hizo el asesor de la Casa Blanca para el Hemisferio Occidental, Juan González. Manifestó que Washington tiene interés de buscar otra ruta de diálogo con Caracas. Aseguró además que la oferta consiste en el abandono de la política de “presión máxima”.
Sin embargo, para que eso pase, Venezuela “debe definir las reglas que regirán las venideras elecciones presidenciales, previstas constitucionalmente para 2024″.
“Vemos que los Estados Unidos no puede ser un actor político dentro de Venezuela, sino que (…) apoyamos diálogos entre venezolanos y ofrecemos aliviar la presión de sanciones en base a pasos concretos”, sostuvo González.
Esta narrativa es la que ha venido empleando Washington constantemente. Analistas consideran que entre líneas, el mensaje que lanza EEUU es que el Gobierno de Venezuela tiene que plegarse a sus designios.
En ese contexto, el gobierno de Biden mantiene una política de condicionamiento respecto al diálogo entre el Gobierno venezolano y la oposición. EEUU pide pasos concretos, pero sigue emitiendo sanciones contra el pueblo venezolano e impulsando medidas para apropiarse de los recursos de Venezuela en el exterior.
Sanciones
El pasado 21 de abril, la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, denunció que EEUU, con el apoyo de la Unión Europa, le había impuesto a Venezuela 929 sanciones económicas y financieras desde 2015. Estas medidas coercitivas unilaterales se han traducido en pérdidas en el orden de los 232 mil millones de dólares.
En un hecho más reciente, que da cuenta de cómo EEUU condiciona el diálogo y ejerce presiones no solo contra el Gobierno de Nicolás Maduro, sino también, contra el pueblo de Venezuela en general, fue la emisión de la licencia 42 por parte de la OFAC que permitió “el remate judicial” de Citgo, filial de PDVSA en EEUU, para entregarla al grupo extremista de oposición vinculado al exdiputado Juan Guaidó y a la ‘Plataforma Unitaria’.
