Este martes 18 de abril, el diputado a la Asamblea Nacional (AN) y primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello Rondón, en el inicio de la consulta pública de la Ley de Extinción de Dominio ante la Asamblea Nacional, pidió investigar nuevas edificaciones en Las Mercedes.
«Aquí en Las Mercedes los edificios tenían un tamaño por disposición de variables urbanas, de repente le pusieron vitaminas a los edificios y crecieron, de seis pisos pasaron a torres, ¿cómo fue ese procedimiento, a quién le consultaron?».
Señaló que detrás de todo hay «negocios, el que se quiera hacer el loco que se haga, el que lo quiera ver que lo vea, el que se quiera hacer el loco que lo haga, nosotros estamos obligados a no hacernos los locos», enfatizó.
Cabello aseguró que quienes incurran en delitos de narcotráfico y corrupción se enfrentaran con las leyes venezolanas. «Sus cómplices, sus testaferros deben saber que se van a enfrentar a la Ley. Deben saber aquellos que tienen bienes «guárdame esto aquí» que se van a enfrentar a la Ley».
«El presidente Maduro tiene bastante tiempo hablando del tema de la corrupción (…) Esta ley también va a acabar con algo que ocurría y era que a las personas se les decomisaban bienes y luego nadie sabía donde estaban esos bienes, se quedaban en el camino y los usaban para su uso particular como si fuera un botín de guerra».
El diputado a la AN, reiteró que «esta ley fue presentada ante la Asamblea Nacional, una ley que para nosotros es novedosa, pero que sobre el particular ya se está legislando desde hace tiempo».
Calificó la Ley de sencilla y a su vez de «contundente». «Ley sencilla, pero contundente y actual, nadie diga que se está violando los Derechos Humanos porque se le está incautando los que se le quitó».
Informó que hasta la fecha hay 189 aeronaves incautadas a lo que dijo que «hay que disponer de eso ya». «Esperamos que las observaciones se hagan urgente para sacar esta ley en el menor tiempo posible».
No hay color contra la corrupción
Cabello expresó que «la lucha contra la corrupción no tiene color político. Los fondos y bienes le pertenecen al pueblo, son recursos robados al pueblo. Por eso, por ejemplo, si hace falta una avioneta en Amazonas para trasladar a un enfermo, esta ley serviría para eso».
Cabello durante su intervención, informó que dicha Ley de Dominio va «a ayudar muchísimo en la consecución de nuestros bienes y resarcir todo lo robado en provecho de nuestro pueblo».
Hace cuatro semanas el Estado venezolano creo el servicio especializado para la administración y anegación de bienes asegurados e incautados, decomisado y confiscados. «Esa institución ya está haciendo su trabajo, ya tienen registrados más de 10 mil bienes (…) en este momento registrados, ubicados».
Cabello aseguró que quienes incurran en delitos de narcotráfico y corrupción se enfrentaran con las leyes venezolanas. «Sus cómplices, sus testaferros deben saber que se van a enfrentar a la ley. Deben saber aquellos que tienen bienes «guárdame esto aquí» que se van a enfrentar a la ley».
«Si alguien sabe que alguna persona adquirió bienes de hechos ilícitos puede denunciarlo para nosotros seguir avanzando. Si un ciudadano se fue de Venezuela, el juicio penal está paralizado, ¿los bienes también están paralizados? Debemos corregir eso«, Diosdado Cabello.
Durante la plenaria precisó que la ley también contempla que sí una persona adquirió bienes ilícitamente puede ser denunciado ante las instancias competentes.
De qué va La ley Orgánica de Extinción de dominio
Cabello recordó que la Ley Orgánica de Extinción de Dominio permite que el Estado venezolano obtenga titularidad de los bienes incautados en delitos provenientes de manera ilícita, aun cuando no se haya dictado sentencia penal.
Señaló que es una forma que permite transferir al Estado, las facultades para confiscar, mediante sentencia firme, los bienes de personas nacionales, jurídicas nacionales o extranjeras vinculadas con delitos cometidos contra el Patrimonio Público, tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, así como, los bienes de quienes se hayan enriquecido ilícitamente al amparo del Poder Público.
