30 días de prisión preventiva recibió Alejandro Astesiano, jefe de la custodia del mandatario uruguayo Luis Lacalle Pou, motivado a supuestos vínculos con una red uruguaya-rusa dedicada a falsificar documentos y expedición de pasaportes.
El expolicía de 48 años realiza labores de seguridad con la familia del actual mandatario desde hace más de dos décadas. Su arresto, se llevó a cabo el pasado 25 de septiembre desde la residencia presidencial en Montevideo, bajo una orden emitida por la fiscal Gabriela Fossati.
“La Fiscalía entiende que Astesiano, si bien no es un funcionario público está en un lugar privilegiado. Era el mano derecha, nada más y nada menos, que del presidente de la Nación”, declaró Fossati.
🔴FILTRACIÓN. “Del teléfono celular que se incautó surge que (Alejandro) Astesiano borró todos los mensajes que tenía con (el escribano Álvaro Guillermo) Fernández” antes de ser detenido en Montevideo, según investigación fiscal. Los detalles a las 19h. pic.twitter.com/NKwKFEGwj8
— MVD Noticias (@MVDNoticias) September 28, 2022
Detalles del caso
Las investigaciones contra el custodio de Luis Lacalle Pou, iniciaron hace dos años tras una alerta de la Dirección Nacional de Identificación Civil, que detectó un movimiento inusual para solicitar ciudadanía en Uruguay por parte de ciudadanos rusos.
En ese sentido, eran presentadas partidas de nacimientos que “acreditaban padres uruguayos“, informó Página 12. Con dicho trámite, podrían obtener pasaporte de esa nación suramericana.
Luego de una extensa investigación, las autoridades encontraron 60 partidas de nacimiento falsas. Un hombre identificado como Álvaro Fernández sería el cómplice de Alejandro Astesiano para perpetrar estos delitos.
Además de los dos sujetos, también estaba involucrado en la red de documentos falsos, un ciudadano ruso llamado Alexey Slivaev. Sus labores se centraban en conseguir clientes.
Sobre el arresto a su custodio, Lacalle Pou no emitió ninguna declaración. Astesiano fue trasladado a la Unidad Nº 19 del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).
“Si no fuera sometido a prisión preventiva tendría todas las facilidades para entorpecer la investigación afectando bienes jurídicos muy prioritarios y de gran valor jurídico para el Estado”, explicó Gabriela Fossati.
