La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin argumentando su presunta responsabilidad en crímenes de guerra cometidos en Ucrania.
El tribunal de La Haya menciona la supuesta deportación de menores de edad ucranianos al territorio ruso. Acción que califica como crimen de guerra. Además, señaló la corte que hay suficientes fundamentos para creer en la responsabilidad directa de Putin.
Junto con el presidente, el tribunal dictaminó el arresto de María Lvova-Belova, comisionada presidencial para los Derechos del Niño en Rusia.
“Los delitos se cometieron presuntamente en el territorio ocupado de Ucrania al menos desde el 24 de febrero de 2022. Hay motivos razonables para creer que el señor Putin tiene responsabilidad penal individual por los delitos antes mencionados, por haber cometido los actos directamente, junto con otros y/o a través de otros y por no haber ejercido un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos, o permitieron su comisión, y que estaban bajo su control efectivo y autoridad, conforme a la responsabilidad del superior.
La CPI explicó que la orden de arresto contra Putin quedó emitida de conformidad con las solicitudes presentadas por la Fiscalía el 22 de febrero de 2023.
Situation in #Ukraine: #ICC judges issue arrest warrants against Vladimir Vladimirovich Putin and Maria Alekseyevna Lvova-Belova
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https://t.co/5OMC7Xuuy5— Int'l Criminal Court (@IntlCrimCourt) March 17, 2023
Rusia ya respondió
Por su parte, la portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia, María Zajárova respondió a la orden de captura contra Putin.
«Las decisiones de la Corte Penal Internacional no tienen ninguna importancia para nuestro país, ni siquiera en términos jurídicos», dijo Zajárova.
Argumentó que Rusia no es parte del Estatuto Legal de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene ninguna obligación en virtud del mismo.
Agregó que el país más grande del mundo no coopera con este organismo y las posibles «órdenes» de arresto que la Corte Penal Internacional emita serán jurídicamente nulas para Rusia.
