El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia de Perú declaró fundadas las solicitudes de la Procuraduría General del Estado. Así lo informó la instancia que dictaminó el embargo en forma de inscripción e inhibición de los bienes del destituido mandatario nacional Pedro Castillo y el ex primer ministro de su gobierno, Aníbal Torres.
Cuatro propiedades del expresidente José Pedro Castillo Terrones serán embargadas por orden del juez Juan Carlos Checkley.
Estas pertenencias de Castillo se encuentran entre las ciudades de Anguía Chota y Cajamarca, así como en el pueblo de Tacabamba.
En cuanto al ex primer ministro Aníbal Torres Vásquez, también por orden de Checkley, se le embargarán nueve bienes en forma de inscripción e inhibición.
Ocho inmuebles de Torres están ubicados en los distritos de San Isidro y Lima Cercado, al igual que un vehículo.
Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema de Justicia declaró fundadas las solicitudes de la PGE y dictaminó el embargo en forma de inscripción e inhibición de los bienes de Pedro Castillo y Aníbal Torres, hasta por 67 millones. https://t.co/HbaEoEBSKi pic.twitter.com/oVSvRardtW
— Procuraduría General del Estado – Perú (@PGE_Peru) July 25, 2023
De acuerdo con información publicada por Telesur, ante este dictamen de embargo en forma de inscripción e inhibición de los bienes de Pedro Castillo y Aníbal Torres, ninguno podrá venderlos ni cederlos a terceros.
En ese contexto, la Procuraduría General del Estado peruano solicitó una reparación civil de unos 67 millones de soles, que equivalen a unos $18.644.083. Eso por el intento de Castillo de disolver el Congreso e instaurar un Gobierno de excepción el 7 de diciembre del 2022.
Tanto el expresidente como ex primer ministro están bajo investigación, por presuntamente haber incurrido en el delito de rebelión y conspiración en la modalidad de abuso de autoridad y contra la tranquilidad pública en agravio al Estado.
