El pasado domingo 29 de mayo, la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos y víctimas de la prisión política puso en marcha, de manera virtual, el Registro Continental de Presas y Políticos.
Se trató de una actividad que contó con la presencia de defensores de derechos humanos de todo el continente, especialmente de México, Colombia, Venezuela, Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Ecuador, El Salvador, Argentina y Estados Unidos, según reseñó el portal derechosdelospueblos.net.
En el encuentro americano, intervinieron Alicia Lira, Hugo Gutiérrez y Jaime Castillo de Chile; José Schulman, de Argentina; Gustavo Gallardo de Colombia; Gabriela Gallardo de Ecuador; Cecilia Urquieta de Bolivia; Camilla Fabri de Saab, Carmen Nava y Lucrecia Hernández de Venezuela; y Adrián Ramírez de México.
El documento base tenía un listín de 1.390 presos contabilizados en América, pero una vez se lanzó superó los 2.170. La Coordinadora declaró en las horas previas a la activación de la iniciativa, en el portal referido en líneas anteriores, que «la labor recién comienza y los desafíos no son pocos. Subsisten problemas conceptuales para tener una definición consensuada, aunque nos vamos aproximando a una síntesis».
Definición clave
De modo que este trabajo metodológico y de investigación exhaustiva distingue entre prisioneros del imperio estadounidense y operadores políticos presos.
Entonces, define como preso político a «toda aquella persona privada de su libertad por luchar contra la dominación colonial, las políticas de explotación y expoliación de los pueblos, toda forma de discriminación, estigmatización y criminalización de las formas de asociacionismo y resistencia; el modo de ejercer el sagrado derecho a la resistencia es de soberana decisión de cada organización, grupo o colectivo popular».
La Coordinadora agrega en esta primera conceptualización que «esa lucha puede darse desde el movimiento popular o desde funciones gubernamentales; el carácter de preso político no deviene del acto por el cual se lo persigue y encierra sino por el contexto histórico«.
«Presos políticos son los que luchan contra el Imperio y sus políticas coloniales quien lo coloca en el lugar de perseguido y/o preso político. Por tal razón, más allá de la excusa discursiva o judicial, reconocemos el sagrado derecho de los pueblos a defender su soberanía, autodeterminación y la elección de su destino histórico. En ello nos inspiramos en la tradición de Simón Bolívar y José de San Martín, de Tupa Amarú y Tupac Katari, de Emiliano Zapata, Augusto Sandino, Salvador Allende y el Che», suma.
«El preso político puede tener, o no, causa judicial y hasta sentencia firme, ya que el tradicional conservador, elitista, patriarcal, clasista, xenófobo, arbitrario Poder Judicial ha sido transformado por Estados Unidos en un arma de la lucha política con máscara jurídica bajos doctrinas tan cínicas como la del “derecho del enemigo”, que niega derechos a los que luchan».
Se lee además que «denunciamos que esa causa judicial está originada o potenciada por la persecución política, razón por la cual la libertad de nuestros compañeros siempre será producto de decisiones políticas conquistadas por la lucha a la cual nos debemos y convocamos».
Operadores de maniobras golpistas no entran en el concepto
Aclara también que, por el contrario, «aquellos que se prestan a maniobras golpistas, desestabilizadoras (desde las acciones inscritas en la guerra psicológica a las acciones terroristas directas) no merecen portar el honroso nombre de presos políticos, ya que sus acciones tienden a liquidar conquistas políticas, económicas, sociales, culturales, etc. y generalmente se encuadran o favorecen planes imperiales de colonización y sometimiento».
En todo caso, «también para ellos reclamamos el estricto cumplimiento de los procedimientos que garanticen los derechos humanos reconocidos en pactos y convenios Internacionales de las Naciones Unidas y otros ámbitos internacionales. La diferencia no es antojadiza: defendemos a quienes bregan por defender, ampliar o conquistar derechos para los pueblos y repudiamos a quienes buscan recortarlos o anularlos. No es lo mismo».
Otra categoría
Asimismo, incluye una «los presos de lawfare, que son en general personas que fueron funcionarios de los gobiernos kirhcneristas de Argentina, del gobierno de Correa en Ecuador o de los gobiernos del PT en Brasil». Cierto es que hoy por hoy quedan pocos en prisión, aunque hay algunos en prisión domiciliaria como Milagro Sala en Argentina pero en esta categoría deben ubicarse nada menos que el mismísimo Lula (de nuevo presidente de Brasil) que estuvo preso quinientos ochenta días, Jorge Glass, ex vicepresidente de Ecuador que estuvo preso desde noviembre de 2017 a finales de 2022 (cinco años). Igualmente, los argentinos Julio de Vido o Amado Boudou (llegó a haber más treinta presos del Lawfare en Argentina)».
Desglose
La Coordinadora asegura que la cifra de más de 2 mil presos se desglosa, en parte, de la manera que sigue:
- Alianza para la Justicia Global (EEUU): 129 presos políticos.
- Liga Mexicana por la defensa de los derechos humanos: 20 presos políticos.
- Liga Boliviana por los Derechos Humanos celebra la detención de los imputados de las masacres vividas bajo el golpe de Estado de 2019, Jeanine Añez y Luis Fernando Camacho.
- Perú denuncia la detención del expresidente Pedro Castillo y otros sesenta presos políticos.
- La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y otros expertos en Chile denuncia que hay unas cien personas privadas de libertad, algunos de larga data y otros resultados del conflicto del Estado chileno con el pueblo mapuche y de las revueltas sociales de los últimos años.
- En Ecuador al menos hay cinco presos políticos.
- En Argentina son unos veinte, incluyendo cinco miembros de la comunidad mapuche.
- Paraguay se suma a la penosa lista con unos cincuenta, algunos resultado de las luchas campesinas y otros de la insurgencia rural.
- Colombia tiene la cifra más alarmante. El Movimiento Nacional Carcelario (MNC) Jamundí Valle del Cauca denuncia la permanencia de 237 presos desde 2021 y al menos 1.500 prisioneros del conflicto armado, pese a la firma de los acuerdos de paz en La Habana.
