Este 29 de octubre, las protestas en Panamá persisten a pesar de que el Ejecutivo decretó una moratoria minera en el país. Miles de manifestantes se congregaron en la Cinta Costera, en la capital, Ciudad de Panamá, para hacer oír sus demandas, que incluyen la derogación del contrato ley entre el Estado y la minera canadiense First Quantum.
La Corte Suprema de Justicia ya admitió dos demandas contra esta ley, lo que refleja la creciente tensión en el país.
El presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, firmó el decreto ejecutivo que prohíbe la minería metálica en el país durante un período de dos años. Este decreto, publicado en la Gaceta Oficial, entró en vigor de inmediato y establece el rechazo de todas las solicitudes de minería metálica, tanto las nuevas como las que estaban en trámite.
Sin embargo, los panameños se mantienen en las calles en rechazo al contrato con la minera canadiense, aseguran que este pacto no solo trae daños ambientales, sino que con él, el gobierno está poniendo en riesgo la soberanía de la nación.
En ese contexto, la Policía de Panamá informó que ha judicializado a 562 personas ante la Procuraduría. Así como a jueces de paz, acusados por presuntos actos de vandalismo, daños a la propiedad. Entre los casos se encuentran 89 menores de edad presuntamente involucrados en actos vandálicos.
Las autoridades aseguran que se reportaron daños a 54 comercios y 16 instituciones gubernamentales. Sin embargo, la ciudadanía en las calles han denunciado que las autoridades los reprimen de manera agresiva con gases tóxicos.
En las protestas que se realizan en Panamá desde hace varios días consecutivos, participan obreros de la construcción, educadores, indígenas, estudiantes. Así como, representantes de otros sectores de la sociedad civil.
Una de las manifestantes entrevistadas por el medio France 24 explicó lo que supone el contrato otorgado por el gobierno panameño a la minera canadiense:
“Aprueba que una empresa minera pueda tener la mina más grande de cobre de todo Centroamérica en un país que no es minero y en una área protegida, que se conoce como el Corredor Biológico Mesoamericano, que contiene la biodiversidad más rica de 8 países”.
Se registra protesta pacífica en la vía Interamericana en El Nazareno, La Chorrera. Este domingo continúan las manifestaciones en contra del contrato-ley con Minera Panamá. #LEPNacional #conflictominero
Video: Tráfico Panamá pic.twitter.com/sayaKgXqE1— La Estrella | Panamá (@EstrellaOnline) October 29, 2023
Ley 406
En un veredicto emitido en julio de 2017, la Corte Suprema de Justicia de Panamá dictaminó que la ley aprobada en febrero de 1997, que respaldaba el contrato entre el Estado y la Sociedad Minera Petaquilla (actualmente Minera Panamá), era inconstitucional. Este fallo se relacionaba con la necesidad de llevar a cabo nuevas negociaciones para establecer condiciones de concesión revisadas.
Sin embargo, en marzo pasado, el gobierno de Cortizo y la minera canadiense sellaron un pacto de concesión ampliada de la mina Cobre Panamá a 20 años. Se prevé que los ingresos que entren por concepto de este acuerdo sean mínimo 375 millones de dólares.
Posteriormente, el acuerdo se presentó en el Parlamento del país y no se aprobó, a espera de algunas modificaciones. Finalmente, el 20 de este mes, tras los cambios, el ente le dio luz verde como Contrato Ley 406.
Esta normativa otorga a los canadienses la concesión minera a cielo abierto más de Centroamérica y de acuerdo a la asambleísta Zulay Rodríguez, en declaraciones a RT, “esta ley es totalmente ilegal”, destaca que ya “la Corte había declarado la inconstitucional y el presidente Cortizo tenía que ejecutar el fallo de la Corte”.
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