La Asamblea Nacional (AN) aprobó por unanimidad determinar la responsabilidad política, penal y civil del alcalde del municipio Zamora (Guatire), Raziel Enrique Rodríguez Villanueva, así como todos los involucrados, en la violación de los derechos humanos contra campesinos.
El presidente de la AN, Jorge Rodríguez, aseveró que el alcalde de Guatire “debe ir preso” por los actos cometidos.
“A los sectores de la oposición, entiendan que ustedes jamás entrarán al Palacio de Miraflores recurriendo a la violencia o recurriendo a la violación de la Constitución y las leyes, por la sencilla razón que nos van a encontrar al frente y no lo vamos a permitir”, agregó Jorge Rodríguez.
Ante esto, manifestó que las violaciones de los derechos humanos son “cosas que no se pueden permitir”. Al tiempo que denunció el abuso por parte del alcalde de Guatire y demás involucrados.
“Después no vengan a decir en las mesas de diálogo que son presos políticos, no; es un político que debe ir preso porque cometió un grave crimen en contra de personas, de venezolanos, de niños, de abuelos, tiene que ir preso”, exaltó.
Manifestó que sería una “vergüenza” que el alcalde de Guatire continúe ejerciendo el cargo.
“Tenemos que dar una lección verdadera, una lección que se sienta, independiente del color político, que le quede claro a usted y a todos; si aquí hay un alcalde del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar que actúe como actuó este alcalde, yo personalmente voy a solicitar la responsabilidad política, personalmente lo voy hacer”, reiteró.
Investigación sobre el caso
El presidente de la Comisión Especial para investigar actos fascistas en el país, Ricardo Molina, reiteró que el ciudadano Raziel Rodríguez es el principal responsable por los hechos suscitados contra una comunidad en Guatire, donde se vieron afectadas 11 familias.
De igual forma, solicitaron emitir acciones legales contra Neila Martínez, para entonces directora de la Policía de Zamora; así como, los funcionarios policiales, José Ramos, Raúl Romero, Belkis Ramírez; el director de ingeniera municipal, Carlos Carratú; director de vivienda de Ezequiel Zamora, Eduardo Rodríguez.
Durante su intervención, denunció que todos los involucrados actuaron bajo las dirección del alcalde de Guatire. Además, solicitan sanciones penales contra la fiscal cuarta del Ministerio Público del estado Miranda, Norka Martínez por desconocer la carta agraria.
También solicitan acciones penales y civiles para los representantes de la empresa Guatire Textil C.A, en especial al ciudadano Omar Sánchez, “perpetrador de las acciones de esta empresa”.
Lo sucedido en Guatire:
Ricardo Molina explicó que alcalde del municipio Guatire violó los derechos humanos contra unos campesinos, realizando derrumbes de árboles, casas y siembra.
“Unieron el plan y escogieron el día, un día de baja intensidad, un día de vacaciones, llegaron allá al terreno unos policías, conminaron a los campesinos que trabajan ahí a que fueran un momento a la policía para llegar a un acuerdo con supuestos dueños de esas tierras”, explicó.
Seguidamente, indicó que “bajo engaño” los llevaron a la estación de la policía y les informaron que estaban detenidos por “invasores”. Ante esto, añadió que aunque los campesinos llevaron su carta agraria, esta fue desconocida.
“Pasaron dos días detenidos y secuestrados sin cumplir con ningún parámetro legal; tres hombres, uno de ellos mayor 70 años y una mujer. Mientras ellos estaban detenidos, en el terreno quedaron dos mujeres y un niño de 4 años, estos mismos jefes de la policía de Zamora con un representante de la empresa Guatire textil activaron una maquinaria y les derrumbaron las casas”, agregó.
Amenazaron con pasarle máquinas por encima
Agregó que los presentes a la hora del derrumbe de las casas, amenazaron a las familias con “pasarle las máquinas por encima al niño si no se quitaban”.
También, dio a conocer que el ciudadano Raúl Romero, funge actualmente como policía no activo, ya que según lo investigado, tiene un permiso no remunerado porque es profesor en la UNES formando los nuevos policías.
Luego, aseveró que los funcionarios policiales se basaron en una fiscal del Ministerio Público desconociendo la carta agraria de los campesinos, documento legal y constitucional del Gobierno nacional.
“Desconociendo la carta agraria, les abrió una causa de invasión a la propiedad privada. Se abre la causa y hay una juez que admite la imputación que hace la fiscalía desconociendo la carta agraria y les imputa la invasión”, dijo.
En consecuencia, añadió que luego de esto, la empresa Guatire Textil C.A intervino y les indicaron a los campesinos que si les “aceptaban tanto (dinero) y se va yo desestimo tu participación; así le quebraron la voluntad a 11 familias que se retiraron del terreno”.
Informó que el Gobierno nacional actuó de forma inmediata en apoyo de los campesinos, donde se construyeron seis casas; corrales para la cría de animales, siembra, tanque de agua.
“Quienes estén ostentando cargos de poder y crean que puedan utilizarlos contra el pueblo hace rato que nuestro pueblo dejó de ser débil; aquí hay un gobierno revolucionarios del cual forman parte y nosotros les vamos hacer respetar sus derechos“, apuntó.
