Los recursos de los cuales se vale la institucionalidad estadounidense para señalar periódicamente de presunta comisión de delitos (cualquiera que estos sean) a funcionarios en el mundo, son cuestionados incluso por la misma prensa de ese país del norte. Por ejemplo, durante la mañana de este miércoles 23 de febrero el corresponsal de la agencia de noticias AP, Joshua Goodman, hizo una publicación que otorga luces al respecto. Específicamente en lo que respecta a intentos de vincular al vicepresidente sectorial de Economía y ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, con ilícitos.
En un tuit, Goodman colgó evidencias de cómo el Departamento del Tesoro usó «recortes periodísticos» para acusar al empresario venezolano Samark José López. Y con él enlodar al ministro Tareck El Aissami. Estados Unidos, como a tantos otros integrantes de los Poderes Públicos de la nación bolivariana, les señala a ambos de «evasión de sanciones y lavado de activos».
El periodista Goodman inicia con una pregunta en su cuenta en la red Twitter. «¿Ha visto alguna vez un ‘memorando probatorio’ que usa Estados Unidos para sancionar a alguien?«. Seguidamente refiere que el Departamento del Tesoro introdujo como parte de la demanda contra el ciudadano Samark López un informe de 33 páginas. Pues bien, «la mitad de lo que no está redactado consiste en recortes de noticias y registros de código abierto«, informa.
En febrero de 2017 la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) designó a López y a El Aissami, como «narcotraficantes especialmente designados». Sin pruebas, este ente acusó a Samark de haber facilitado, en nombre de El Aissami, apoyo financiero y asistencia material a actividades del narcotráfico internacional. En ese sentido, le calificó de «amenaza a su seguridad nacional y a su política exterior»; lo mismo que le incorporó en una lista de «los más buscados».
Entonces, a juzgar por los débiles «elementos probatorios» que presenta EEUU ante instancias judiciales, se confirma que se trata de una campaña de linchamiento y satanización contra el Ejecutivo venezolano encabezado por el presidente Nicolás Maduro. Es parte de la necesidad del país del norte de «castigar severamente» a gobiernos soberanos que no se supeditan a sus intereses políticos y económicos. Es el asedio al que está sometida Venezuela desde el triunfo de la Revolución Bolivariana. Cualquier empresario que se atreva a transar legítimamente en el comercio internacional puede ser víctima de graves señalamientos, intimidaciones y medidas coercitivas por EEUU.
Y así lo demuestran otros emblemáticos casos como el del diplomático Alex Saab, hoy secuestrado desde hace 621 días. Esto solo por poner a disposición del Estado sus empresas para comprar medicinas, alimentos, gasolina y materias primas en medio del bloqueo vigente desde 2015.
En síntesis, con esta información que revela Goodman se derrumba otro fake news contra Tareck El Aissami, en no pocas oportunidades sometido a mentiras en su contra.
Ever see an "evidentiary memo" the US uses to sanction someone?
A 33-page one about Samark Lopez was filed as part of the Venezuelan's lawsuit against @USTreasury.
Half that isn't redacted consists of news clippings, open source records to back claim he fronts for @TareckPSUV pic.twitter.com/HPZJkdut0u
— Joshua Goodman (@APjoshgoodman) February 23, 2022
