El gobierno del presidente Nicolás Maduro rechaza contundentemente la más reciente prorrogación por Estados Unidos, durante un año más, de la Orden Ejecutiva 13962 del 8 de marzo de 2015, según la cual Venezuela es una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional” de ese país norteamericano.
Asegura que es parte de una política errática y da “continuidad a la criminal política de agresión en contra del pueblo venezolano mediante la imposición ilegal de medidas coercitivas unilaterales”. Así se lee en un comunicado emitido este jueves, tras la renovación, la víspera, del decreto en cuestión.
El texto reza también que el Ejecutivo nacional “condena la afirmación infundada de que Venezuela representa algún tipo de amenaza contra la nación estadounidense”. Esto, suma, “aún más cuando es evidente que ha sido Venezuela el país que ha tenido que enfrentar una multiplicidad de amenazas, chantajes, agresiones y ataques que vulneran los derechos humanos de todo el pueblo venezolano, atropellan las normas establecidas en el derecho público internacional y constituyen un crimen de lesa humanidad”.
Gobierno de Biden revela su carácter autoritario, cruel y mentiroso
Agrega que “un gobierno que se jacta de defender los derechos humanos y los principios de la democracia, no hace sino revelar una vez más su carácter autoritario, cruel y mentiroso, su irrespeto a la soberanía y a la autodeterminación de los pueblos”. Igualmente, “su condición esencialmente colonialista que pretende, a través de todo tipo de presiones, someter por la fuerza al pueblo libre de Venezuela”.
El documento aclara que Venezuela conduce sus relaciones internacionales bajo los principios de la solidaridad entre los pueblos y de la diplomacia de paz.
“Jamás podría ser calificada de amenaza, antes bien, sus muestras de compromiso con la estabilidad regional, con la resolución pacífica de los conflictos y con las relaciones de cooperación y complementariedad, han quedado registradas en la memoria de los pueblos”.
La soberanía nacional es inquebrantable
En el comunicado que publicó el canciller Yvan Gil, la tarde de este jueves, se reitera que la soberanía de Venezuela es inquebrantable. “Ninguna agresión, por grande que sea, doblegará la voluntad democrática de su pueblo, su gobierno constitucional, legítimo y revolucionario”.
Asegura, finalmente, que espera que Estados Unidos “desista de esta absurda política llena de soberbia y condenada al fracaso” y, en cambio, opte por una “política civilizada donde imperen los principios de la diplomacia y el respeto mutuo”.
Desde Venezuela rechazamos la extensión de la Orden Ejecutiva 13962 del 8 de marzo de 2015, firmada por el Presidente de los EEUU, la cual da continuidad a la criminal política de agresión en contra de nuestro pueblo a través de la imposición de Medidas Coercitivas Unilaterales. pic.twitter.com/70UqsYOZvn
— Yvan Gil (@yvangil) March 2, 2023
Obama, el responsable inicial
Este jueves se conoció que la administración del presidente Joe Biden prorrogó otro año más el decreto que califica a Venezuela como “amenaza para la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos”.
Este decreto, recordemos, fue originalmente suscrito en 2015 por el exmandatario Barack Obama en los estertores de su segundo y último mandato. A partir de ese entonces, se ha renovado sistemáticamente cada año, dando vía libre a la imposición ilegal de más de 920 medidas punitivas contra la nación. Estas van desde impedir la compra de alimentos, medicinas y materias primas, fuera de frontera, hasta prohibir al Estado disponer de sus propios recursos en el exterior y comercializar con diferentes empresas.
El gobierno demócrata justifica la decisión atribuyendo al Ejecutivo que lidera el presidente Nicolás Maduro una supuesta “erosión de las garantías de los derechos humanos, la persecución de opositores políticos, restricción de la libertad de prensa, uso de la violencia y violaciones y abusos de los derechos humanos en respuesta a las protestas antigubernamentales, y el arresto y la detención arbitrarios de manifestantes antigubernamentales, así como la presencia exacerbada de una importante corrupción gubernamental”.
