El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de Venezuela (INAC) denunció en la 41ª Asamblea General de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), el impacto de las sanciones aplicadas al país en este sector.
En el evento que se celebra en la ciudad de Montreal de Canadá, el presidente de INAC, Juan Manuel Texeira, habló acerca de los efectos de las medidas coercitivas unilaterales dentro de la operatividad de la actividad aeronáutica.
Precisó, además, que estas actividades afectan a los SARPS, denominación atribuida a las normas y métodos recomendados en los convenios aeronáuticos.
La Autoridad Aeronáutica venezolana es miembro de la @icao y ha sido elegida para volver a formar parte del Consejo, espacio destinado a desarrollar políticas, SARPS y análisis en beneficio del transporte aéreo internacional.#VzlaAlConsejoOACI pic.twitter.com/SdW5pA46Co
— Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) (@InacVzla) October 6, 2022
«Obstaculizan el acceso a nuevas tecnologías para el cumplimiento de los SARPS, de la OACI. También la adquisición de equipos, partes, repuestos, literatura y el acceso a combustible de aeronaves, además de la instrucción y la capacitación del personal aeronáutico», puntualizó la autoridad de INAC.
Asimismo, destacó que estas acciones vulneran la seguridad operacional y el desarrollo de la navegación aérea. En este sentido, se afecta el crecimiento del transporte aéreo y cumplimento de los objetivos estratégicos de la OACI.
Igualmente, Texeira resaltó que las medidas tomadas contra las líneas aéreas venezolanas y otras empresas que prestan servicios dentro de la aeronáutica afectan las normales relaciones con sus pares en otros Estados.
Al respecto, especificó que se sienten “amenazados por la imposición de medidas similares que puedan implementarse contra ellas”.
Texeira aseveró que estas acciones impiden a las empresas venezolanas negociar libremente con otras compañías del mundo. De esta manera, socavan la capacidad técnica en la prestación del servicio en la aeronáutica nacional.
«Las referidas medidas resultan contrarias al derecho internacional público, asimismo, prohíben cualquier actividad que facilite de alguna forma las transacciones comerciales de nacionalidad venezolana, porque dificultan el acceso al mercado internacional», sentenció.
