El Ministerio Público solicitó abrir un juicio para 22 personas detenidas en el marco de la operación anticorrupción, que inició el Gobierno Nacional a través del sistema de justicia el pasado 17 marzo.
De acuerdo con información que reseña Últimas Noticias, en el escrito acusatorio la fiscalía afirma que esas 22 personas participaban de “una red de corrupción conformada por funcionarios públicos.
“Valiéndose de su cargo y sus niveles de autoridad, procedieron a ejecutar operaciones petroleras paralelas. A través de la asignación de cargas de crudo (buques) por parte de Pdvsa a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) y a particulares, sin ningún tipo de control”, indica el documento de la FGR.
Desfalco a Pdvsa suma 5 mil 550 millones de dólares ($ 5.550.544.290,74): Fiscalía pide juicio para 22 investigados, vía @ELESPINITO @UNoticiashttps://t.co/nrdgZUe2y2
— Luigino Bracci Roa 🔧🚂 (@lubrio) July 25, 2023
El producto de estas ventas ilícitas no ingresó a la República, sino que se desvió a través de criptoactivos y negocios ejecutados por 74 sociedades mercantiles.
Como jefe de esa red de corrupción, la fiscalía nombra al coronel José Antonio Pérez Suárez, vicepresidente de la estatal petrolera y quien mandó a construir una oficina “de forma irregular en Pdvsa-La Campiña”.
Oficina de Operaciones fraudulentas
La Fiscalía General explica en el documento que a esta oficina se le dio nombre de Unidad de Trabajo Especial. Desde este centro despachaban Yamil Alejandro Martínez Núñez y Heinrich Chapellín Biundo.
“Manejando información clasificada de Pdvsa sin ser personal adscrito a la nómina. Donde además se mantenía restringido el acceso con un sistema de seguridad donde solo podía ingresar estos ciudadanos. Manejando, además, altas sumas de dinero en efectivo y era el espacio donde eran desarrolladas las reuniones con este grupo de operadores financieros”, señala la Fiscalía.
El Ministerio Público detalla con nombre y apellido quienes integraban esa red de corrupción y para los cuales solicita se les abra un juicio.
Entre ellos figuran: Joselit Ramírez (ex jefe de la Sunacrip), José Agustín Ramos Chirinos (presidente de Pdvsa-Puertos), Odoardo José Bordones, Jesús Enrique Salazar Querales, funcionarios adscritos a la vicepresidencia de Comercio y Suministro.
Igualmente, la Fiscalía solicita enjuiciar a Rajiv Mosqueda y Renny Barrientos, ambos adscritos a la Sunacrip.
Estos funcionarios operaban conjuntamente con los empresarios Manuel Meneces, Roger Ramírez, Juan Manuel Alfonso López, Rafael Perdomo, Vicente Perdomo, Roger Perdomo, Daniel Prieto, Kristhonfer Vivas, Johana Torres, Alejandro Arroyo, Bernardo Arosio, Ximena Parada, Fernando Bermúdez, Eduardo Noriega, José Luis Fernandiz Laya, Railín Elizabeth Yépez Jaimes, Rodolfo Moleiro, Alejandro Londoño, Olvany Gaspari, Leonardo Enrique Torres y Yuravic del Valle Ravelo.
Los funcionarios que trabajaban con Pérez Suárez, no reportaban a las cuentas de Pdvsa los pagos por concepto de las asignaciones de estaciones de servicio y de las cargas de crudo.
Por el contrario, “las empresas administradoras conciliaban directamente en las direcciones a cargo de estos imputados, a través de depósitos bancarios, plataforma Patria (subsidiadas e integrales) y efectivo. De igual manera, este ciudadano (Pérez Suárez) autorizaba la emisión de pagos a contratistas sin efectuar el debido registro en el Sistema SAP, permitiendo así que terceros se apropiaran de recursos del Estado venezolano”, afirma el Ministerio Público.
El diputado Hugbel Roa, también se menciona en el escrito de acusación interpuesto por el Ministerio Público ante el tribunal correspondiente. Roa actuaba como intermediario entre empresarios y Pérez Suárez.
En otro documento, la Fiscalía solicitó enjuiciar a Cristóbal Cornieles y José Maxcimino Márquez García, expresidente del Circuito Judicial Penal Caracas y ex juez 4º antiterrorista. Ambos son acusados de obtener dádivas por favorecer la liberación dictada a favor de Oswaldo Cheremos, catalogado como socio del Tren del Llano.
