En vísperas de las elecciones anticipadas en Ecuador, organizadas en un clima de alta tensión por los asesinatos de varios representantes políticos y de un candidato presidencial -el derechista Fernando Villavicencio-, entrevistamos al economista Ricardo Patiño. Nacido en 1954, ocupó varios cargos durante los gobiernos de la Revolución Ciudadana (2007-2017), presidida por Rafael Correa. Fue Ministro de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, Ministro de Economía y Finanzas y Ministro de Defensa. Perseguido por el gobierno de Lenín Moreno, quien le dio la espalda a la Revolución Ciudadana. Patiño se encuentra hoy refugiado en México.
La Revolución Ciudadana postuló a Luisa González para la presidencia y Andrés Arauz, el anterior candidato presidencial, para la vicepresidencia. ¿Cómo se preparó su partido para estas elecciones y cuáles fueron los principales obstáculos encontrados?
La Revolución Ciudadana ha propuesto a dos jóvenes de sólida formación académica, que han tenido responsabilidades durante los gobiernos de Rafael Correa. Luisa tiene amplia formación académica y gran experiencia en el área política y administrativa, entre las muchas funciones que desempeñó, fue jefa de gabinete. Es la única mujer entre los 8 candidatos presentes. Arauz ocupó importantes funciones en el área económica, de planificación y de talento humano durante los gobiernos de Correa. Una de las principales complicaciones que hemos tenido que enfrentar ha sido la guerra mediática, desatada contra nosotros en los últimos seis años por la élite ecuatoriana y la gran prensa nacional e internacional: ellos son enemigos de gobiernos que quieren ser soberanos, de gobiernos progresistas que no aceptan someterse al imperio. Desde 2017, cuando Moreno ganó la presidencia y traicionó a la Revolución Ciudadana y a su pueblo, se nos libró una guerra feroz las 24 horas del día, los 365 días del año. Nos acusaron de mil falsedades, sin la menor prueba, pero las repitieron tantas veces que al final obtuvieron un resultado: al punto que Moreno ganó el inconstitucional referéndum y la consulta popular de 2018, con lo que reformaron la Constitución y derogaron importantes leyes promulgadas por la Revolución Ciudadana. Lentamente, sin embargo, al no ver aparecer ninguna evidencia de esas acusaciones, la gente comenzó a recuperar la confianza en Rafael Correa y su equipo político. Por otro lado, en estos seis años ha sido tan clara la incapacidad de los gobiernos de Moreno (4 años) y Lasso (2 años), los resultados de la aplicación del modelo neoliberal han sido tan devastadores, que la comparación con la Revolución Ciudadana ha sido inevitable. No solo la violencia se ha apoderado del país, sino que las condiciones de vida han empeorado. La economía ha entrado en un estancamiento, los servicios públicos son ahora un desastre y en todos aquellos sectores en los que habíamos alcanzado un nivel de excelencia y respeto por la ciudadanía, como en la emisión de cédulas y pasaportes, ahora muestran un muy alto nivel de ineficiencia y corrupción. Una comparación que finalmente ha ido cambiando la percepción inducida por la campaña mediática y que derivó en el resultado positivo obtenido en las elecciones de alcaldes y prefectos (los que, en otros países, equivalen a gobernadores), en febrero de 2023. Un resultado muy importante para la Revolución Ciudadana. Sin embargo, hay que tener en cuenta que ha quedado una herida abierta en el sentimiento general, se ha colado la duda y la desconfianza. Además, tuvimos que reconstruir nuestra organización porque, lamentablemente, no solo Moreno nos traicionó, sino también muchos otros funcionarios públicos y militantes. Afortunadamente, la mayoría se quedó con nosotros, pero muchos se fueron. Y esto ha creado laceraciones, alimentadas por las élites que temen el regreso de la Revolución Ciudadana, porque saben que no podrán seguir decidiendo e incidiendo en el Gobierno para revivir sus privilegios. Hemos tenido que lidiar con una alianza nefasta de grupos de poder y de interés que han vuelto a contar con Moreno y sobre todo con Lasso, y que quieren mantener su posición. Además, muchos de nuestros potenciales candidatos presidenciales o parlamentarios fueron elegidos como alcaldes o prefectos, y teníamos menos opciones para las candidaturas nacionales. Sin embargo, estoy convencido de que hemos hecho la mejor elección para estas presidenciales del 20 de agosto.
Usted fue un importante exponente de la Revolución Ciudadana, liderada por Rafael Correa durante diez años. En resumen, ¿cuál fue su proyecto, a nivel nacional e internacional, y por qué entró en crisis?
La Revolución Ciudadana, liderada por Rafael Correa, fue un proyecto de desarrollo nacional, endógeno, soberano, destinado a hacer crecer la economía de forma descentralizada. Un modelo de crecimiento combinado con el bienestar general de la población para construir equidad y con la mayor descentralización posible de los beneficios del desarrollo. Que se fundamenta en la supremacía del ser humano sobre el capital. En el gobierno de Rafael Correa, hubo crecimiento y equidad al mismo tiempo. Se redujo sensibilmente la pobreza y la indigencia, creció el empleo y la estabilidad laboral, aumentaron los salarios reales, mejoró el acceso y la calidad de los servicios públicos de salud, seguridad social y bienestar, y un largo etcétera. Un modelo que yo definiría como el primer paso de una sociedad socialista. Todos sabemos que construir una sociedad socialista desde el capitalismo es un proceso a largo plazo. El socialismo no se decreta, sino que se construye poco a poco, y uno de los elementos para esa construcción es el desarrollo de las fuerzas productivas, es la construcción de la democracia real, el fortalecimiento de la democracia participativa y el bienestar general. Si en esto no se avanza lo suficiente, no hay forma de construir una sociedad socialista. Para ello, hemos definido nuestro proyecto como Socialismo del siglo XXI, para diferenciarlo del de la Unión Soviética en el siglo pasado. En resumen, el modelo de desarrollo que proponemos se basa en un desarrollo sostenible endógeno, con una visión nacionalista, implica la construcción de una capacidad productiva local, para generar más valor agregado, potenciar la capacidad y el talento humano, la construcción de infraestructura, capacidad energética, ciencia y tecnología, indispensables para la construcción de un país desarrollado, que tenga la capacidad de competir en el futuro, esto es, que sea sostenible. Para esto, creamos dos universidades de ciencia y tecnología, Yachay e Ikiam. Este es el modelo de desarrollo que hemos impulsado y que se consolidó durante los años de gobierno de la Revolución Ciudadana. Lamentablemente, desde la traición de Moreno, muchas de estas conquistas se han perdido. Era impensable que incluso la infraestructura escolar fuera destruida, pero esto también sucedió. El 13 de agosto circuló un video desde mi ciudad natal, Guayaquil, que mostraba una escuela, que habíamos construido, completamente desmantelada, desde el techo hasta los cimientos. En dos meses fue vandalizada, y lo mismo sucedió con hospitales y otras instalaciones públicas. El modelo neoliberal no se preocupa por el bienestar de la población. Por otro lado, éramos conscientes de que nuestro modelo económico, que implica el desarrollo de un pequeño país sudamericano como Ecuador, era muy difícil de implementar si no nos integrábamos regionalmente. Hemos vivido en un mundo dominado por el modelo monopólico de Estados Unidos, acompañado de la Unión Europea y Japón, cuyo poder, en la última década, ha sido desafiado por el poder económico de China y el poder militar de Rusia y otras condiciones internacionales. Era muy poco probable que el país pudiera desarrollarse endógenamente sobre un territorio de 256 mil kilómetros cuadrados y una población actual de 18 millones de habitantes. Ello requería y exige la inserción en un proceso de integración sudamericano, latinoamericano y caribeño que permita consolidar un proyecto nacional autónomo. Junto a otras naciones construimos, pues, el ALBA, UNASUR y CELAC. En términos autocríticos, puedo decir que nuestro proyecto debió haber respondido a la traición de Moreno de otra manera; que, durante la década ganada, mientras trabajábamos en construir mayor capacidad productiva e infraestructura y ampliar derechos, debimos fortalecer mucho más nuestra organización política y promover más la organización social y la economía popular y solidaria. Ahí tuvimos carencias, nuestro proyecto descuidó el tema organizativo, tanto político como social. También deberíamos haber hecho más a nivel ideológico. Es muy difícil que una sociedad avance hacia la construcción de un nuevo modelo igualitario, socialista, si no existe una conciencia real en la población. Estos son puntos débiles que debemos reconocer autocríticamente y corregirlos.
Usted, como muchas otras figuras públicas vinculadas a la Revolución Ciudadana, comenzando por el vicepresidente Jorge Glas y el mismo expresidente Correa, han sido perseguidos mediante la práctica del lawfare, el uso del Poder Judicial con fines políticos. ¿Cómo comenzó tal mecanismo y cuánto pesa hoy?
El lawfare, el uso del sistema judicial para atacar a ciertos sectores políticos de izquierda y progresistas, aparece hoy como una práctica generalizada en América Latina, una estrategia implementada por el imperialismo, pero aplicada con diligencia por las élites latinoamericanas. En Ecuador se ha utilizado de manera sistemática desde el inicio de la presidencia de Moreno, en mayo de 2017. Para agosto, Moreno ya había comenzado a repartir el poder a los sectores más corruptos de gobiernos anteriores. El vicepresidente, Jorge Glas, había manifestado su disconformidad, denunciando públicamente la entrega del sector eléctrico, hospitales, instituciones públicas a ladrones de cuello blanco a cambio de apoyo político. Entonces, Moreno usó a los medios de comunicación y al sistema judicial para atacar a Jorge Glas quien, en octubre de 2017, fue encarcelado con varias artimañas, y permaneció preso cinco años y cuatro meses, injustamente, mientras tres personajes se sucedían en la vicepresidencia, uno más incompetente que el otro. La acusación principal contra Jorge Glas se basó en declaraciones de un funcionario involucrado en el caso de sobornos a la firma brasileña Odebrecht, que ahora la Corte Suprema de Brasil ha encontrado falsas. El sistema judicial ecuatoriano, o lo que queda de él, debería reconocer esto. Sin embargo, de esta manera, Moreno eliminó a quienes denunciaban el proceso de repartición del poder a los enemigos de la Revolución Ciudadana: a los bancos, a los grandes medios, a los monopolios, al imperialismo. Luego, entregaron a Julian Assange, reabrieron la puerta a los militares estadounidenses permitiéndoles usar el aeropuerto de Galápagos y casi lograron que instalen una base militar, prohibida por la Constitución. La consulta popular convocada a principios de 2018 fue inconstitucional, pero la ganaron y eso les permitió apoderarse de prácticamente todos los órganos del Estado, incluso lograron designar ilegalmente a los personeros de la Corte Constitucional, Corte Nacional de Justicia, Consejo de la Judicatura, Fiscalía, Contraloría, Consejo Nacional Electoral, superintendencias, todo. De esta manera, sin contrapesos mínimamente imparciales, teniendo en sus manos todas las principales funciones del Estado, incluida la autoridad electoral, lograron consolidar el lawfare. Entonces, primero nos quitaron nuestro partido, luego nos impidieron formar otro, persiguiendo a personas e instituciones políticas. En 2019 pudimos participar en las elecciones locales apoyándonos en otro partido y casi en forma clandestina, porque cada vez que nos acercábamos a un partido lo cancelaban o le cambiaban la directiva. Lo que hicieron contra el presidente Correa no tiene precedentes. Primero inventaron su supuesta participación en un secuestro y lo condenaron, luego lo acusaron de exigir dinero a cambio de contratos. Al no poder probar nada de esto, inventaron el delito de “influencia psíquica”. Para evitar que se presentara como candidato a las elecciones de 2021, dado que aún no había concluido el juicio por supuestos sobornos y su defensa acababa de presentar un recurso de casación, resolvieron en apenas 17 días un proceso judicial que suele demorar años, por los controles apropiados y las comprobaciones necesarias. Negaron la apelación tres días antes de la fecha límite para la presentación de candidaturas, por lo que Rafael no se pudo postular a la vicepresidencia. Y lo han hecho con muchas otras personas, por ejemplo a la expresidenta del Parlamento Gabriela Rivadeneira, una brillante joven política, o a Paola Pabón, prefecta de la provincia de Pichincha y Virgilio Hernández, director del partido, encarcelados por un tuit en el que decían que el gobierno de Moreno violaba el derecho de los trabajadores, y con otros aún, cuya vida fue arruinada por la guerra legal. El que no iba a la cárcel tenía que salir del país, y eso nos hizo mucho daño porque sabemos bien la importancia de tener dirigentes en el territorio para un movimiento político. En cambio, la dirección histórica de Revolución Ciudadana lleva seis años fuera del país. En mi caso, emitieron boleta de prisión provisional por un discurso en una reunión interna de nuestra organización en el que hice un llamado a la militancia para acompañar a nuestro pueblo, sin usar la violencia, en la defensa de sus derechos. Recibí asilo político de México, como Rafael Correa de Bélgica, porque reconocen nuestra condición de perseguidos políticos. De igual manera, Interpol negó el pedido ecuatoriano de incluirnos en la alerta roja porque se evidencia una persecución, no un juicio imparcial.
¿Cómo surgió la propuesta de consulta sobre el Parque Yasuní el mismo día de la votación y qué influencia puede tener en los resultados electorales?
La discusión surgió durante el gobierno de Revolución Ciudadana, cuando el presidente Correa hizo una propuesta al mundo para que Ecuador no extraiga petróleo de una pequeña porción del parque Yasuní, que está ubicado en el ITT, el campo con el mayor potencial petrolero del Ecuador. Para renunciar a mil millones de dólares en ingresos, estábamos proponiendo una compensación del 50 por ciento, para seguir protegiendo la naturaleza: la mitad del sacrificio. Sin embargo, la propuesta no tuvo una respuesta internacional positiva y el gobierno decidió iniciar la explotación de solo 250 hectáreas, una pequeña porción del parque, y hacerlo con todas las precauciones ambientales posibles. Entonces, una organización llamada Yasunidos decidió proponer un referéndum, que sin embargo no se llevó a cabo. Ahora vuelven a plantear la pregunta, el mismo día de la votación, por razones evidentes de campaña electoral: provocar una reacción adversa de los sectores de la juventud ambientalista a nuestra candidatura, quien de todas formas ha declarado que respetará el resultado de la consulta.
Sobre el asesinato de Fernando Villavicencio, candidato del Movimiento Construye para suceder a Guillermo Lasso, Rafael Correa habló de una conspiración contra la Revolución Ciudadana. ¿Cuál es su lectura?
El asesinato de Villavicencio es un crimen atroz, a ser condenado desde todos los puntos de vista, cuyos autores intelectuales aún no están claros. Lo que sí es evidente es la responsabilidad del Estado por una violencia que antes no existía. Correa dejó un país considerado el segundo más seguro del continente y uno de los más seguros del mundo que es ahora el más inseguro del continente y uno de los más inseguros del mundo. También se ha extendido el crimen político, que antes no existía, nunca había ocurrido que mataran alcaldes, diputados o candidatos. Ante el asesinato de Villavicencio, solo en el mes de julio de 2023 fueron asesinados tres políticos, entre ellos el alcalde de Manta, y unos días después, el dirigente de la Revolución Ciudadana, Pedro Briones, asesinado en Esmeraldas. Asesinatos políticos que continúan y desgraciadamente se están convirtiendo en la norma. Según sus propias denuncias, Villavicencio había sido amenazado por el líder de una banda criminal en prisión. ¿Por qué, a pesar del despliegue de fuerzas de seguridad dotadas con armas de grueso calibre, que lo rodeaban, no fue protegido de sus agresores? El día del ataque, cuando el jefe de seguridad, quien llegó a recogerlo en el carro blindado con unos minutos de retraso, a Villavicencio lo habían subido, sin respetar ningún protocolo de seguridad, en un vehículo común. La policía habló de tres anillos de seguridad para su protección, pero el jefe de seguridad de Villavicencio lo desmiente y asegura que el gobierno no lo protegió el día de su asesinato. Es un delito con evidente responsabilidad gubernamental. Sin embargo, es tal el cinismo de los medios, de Lasso y de ciertos candidatos presidenciales, que han llegado a acusar a la Revolución Ciudadana. Nosotros hemos demostrado durante toda nuestra trayectoria un alto sentido ético en la conducta política. Cuando hemos sido acusados falsamente hemos respondido política, mediática y judicialmente, pero jamás hemos recurrido a la violencia. Y, poniéndonos en la cabeza maliciosa de quienes nos acusan, es absurdo pensar siquiera que una candidatura que va en primer lugar, con ventaja de más de 25 puntos sobre sus adversarios pudiera llevar a cabo una acción delictiva que pudiera modificar las intenciones de voto. Recordemos que Villavicencio, antes de ser asesinado, formaba parte de un pelotón de candidatos bien distanciados de Luisa González, y ocupaba el 4° o 5° lugar en todas las encuestas.
¿En qué se diferenciaría la política de seguridad de la Revolución Ciudadana de la derecha o del “modelo Bukele”, que encuentra muchos adeptos en América Latina?
La política de seguridad de Rafael Correa se basó en una visión integral, que ha dado excelentes resultados sobre la delincuencia y la violencia existente en gobiernos anteriores. Quiero volver a recordar los datos. Antes de la Revolución Ciudadana, la tasa de homicidios era de 18 personas por cada 100 mil habitantes por año. Con nosotros ese nivel bajó a una tasa de 5,5. Con Moreno y luego con Lasso estamos ahora en 32 homicidios por cada 100 mil habitantes. La Revolución Ciudadana ideó una política integral para resolver problemas a nivel estructural y comunitario. Para comenzar, se creo un ministerio especialmente ocupado de coordinar la seguridad ciudadana, que fue suprimido por Moreno y Lasso. Se dotó a la policía de armas, vehículos, comunicación y cuarteles adecuados, que antes no existían. Se crearon unidades de vigilancia en los barrios, integradas por dirigentes barriales y la policía comunitaria. Se creó un complejo sistema de vigilancia y atención ante delitos y emergencias (ECU-911) con participación coordinada de representantes de la policía, las fuerzas armadas, organismos de inteligencia, gestión de Riesgos, ministerio de Salud, los bomberos. Contaba con una infraestructura y tecnología avanzada en donde se recolectaba información de cámaras instaladas en todo el país, para proteger a la población. Se hicieron reformas judiciales para evitar que los delincuentes detenidos salieran en libertad a las pocas horas por colusión con los jueces y fiscales. Para dar atención a los temas judiciales se creo el ministerio de Justicia, organismo que también tenía a su cargo la política penitenciaria con lo que se redujo sensiblemente la sobrepoblación y hacinamiento carcelario y se avanzó en la política de rehabilitación de los privados de libertad. Todos esos avances fueron desmantelados en estos últimos seis años.
