La ONG Provea y el Centro Gumilla se retractaron públicamente por la acusación que hicieron contra el gobernador de Carabobo, Rafael Lacava. Esto, por presunta violación de derechos humanos en esa región venezolana.
Así lo informó el mismo gobernador Lacava a través de su perfil en la red social Twitter. El gobernador saludó la disculpa y resaltó la labor hecha en la entidad por los derechos humanos.
«Quienes me acusaron hace meses de hechos gravísimos hoy se retractan públicamente. Saludo esa retractación, y el reconocimiento que implica de lo que hemos hecho en Carabobo en materia de derechos humanos.»
En ese sentido, los voceros afirmaron que no fue su intención señalar al gobernador Rafael Lacava como responsable ni directo ni indirecto de presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en Carabobo.
Las ONG @_Provea y @centrogumilla se retractan de los señalamientos efectuados en contra del gobernador de Carabobo @rafaellacava10.#VenezuelaNews 🇻🇪 pic.twitter.com/RooBpjEcPl
— Agencia Venezuela News (@Agencia_VN) June 24, 2022
«Afirmamos que corresponde a las instituciones competentes investigar, dar a conocer la verdad de los hechos y establecer responsabilidades para que no haya impunidad. En el caso del ciudadano gobernador Lacava, aclaramos que no poseemos ni hemos poseído en ningún momento indicios, elementos o fundamentos para vincular a su persona con presuntas ejecuciones extrajudiciales»
Demanda previa por parte de Lacava
El gobernador del estado Carabobo, demandó por «difamación agravada y continuada» Marino Alvarado, de la ONG´s Provea, y al padre Alfredo Infante, del Centro Gumilla.
Dicha demanda surgió por la presentación del informe anual de Provea; el mismo mostraba datos de supuestas ejecuciones arbitrarias por parte de cuerpos policiales del estado Carabobo, además en el escrito califican a la región con los índices más altos.
Los representante de Provea solicitaron a las autoridades venezolanas investigar a los presuntos responsables; en línea directa a la encargada de la policía estadal y el gobernador Rafael Lacava.
Por su parte, el gobernador de Carabobo, rechazó las cifras presentadas en el informe, y accionó con una demanda penal por «difamación agravada continuada» establecida en el artículo 442 del Código Penal.
