Presidente electo de Guatemala suspendió transición de Gobierno

13 de septiembre de 2023

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El presidente electo de Guatemala, Bernardo Arévalo, informó el martes que suspendió temporalmente el proceso de transición con el actual Gobierno de Alejandro Giammattei.

Lo hizo tras las nuevas acciones del Ministerio Público contra los comicios del pasado 25 de junio.

Bernardo Arévalo indicó que la decisión de suspender el proceso de transición de Gobierno en Guatemala obedece a la situación provocada por la Fiscalía. Agregó que deben quedar restablecidas las condiciones políticas necesarias para el traspaso de poder.

Renuncia exigida

En rueda de prensa, el mandatario electo solicitó la renuncia de la fiscal general, Consuelo Porras. A esta ya lo había acusado el pasado 1 de septiembre de llevar adelante un golpe de Estado en su contra.

Bernardo Arévalo añadió que ve una contradicción al percatarse de que instituciones del Estado guatemalteco llevan acciones en su contra. Esto, pese a que quedó proclamado por autoridades electorales como ganador de los comicios.

Las declaraciones del presidente electo se dan después de que la Fiscalía allanara el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y abriera cajas con votos, pese a la negativa de la entidad electoral del país centroamericano.

Ante estas acciones, Bernardo Arévalo exigió también la renuncia a los fiscales Rafael Curruchiche y Cinthia Monterroso. Además del juez penal Fredy Orellana, que avaló el allanamiento.

Los golpistas deben renunciar pic.twitter.com/wkutxohSDj

— Bernardo Arévalo de León (@BArevalodeLeon) September 13, 2023

El inicio de una persecución

La persecución de la Fiscalía en contra del presidente electo y su partido, el Movimiento Semilla, comenzó tres semanas después de que Bernardo Arévalo avanzara al balotaje. En ese momento las encuestas lo ubicaban en un séptimo lugar.

“Insto a todas las instituciones y funcionarios del Estado a no prestarse a estas arbitrariedad ya que de acuerdo con lo expresado en el artículo 156 de nuestra Constitución, ningún funcionario o empleado público, civil o militar está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales”, concluyó Bernardo Arévalo.