Este lunes, 7 de agosto, Gustavo Petro cumple un año en la presidencia de Colombia entre cambios profundos y una nueva crisis política como contexto.
Entre las prioridades de Petro continúan la esperada paz y las reformas de leyes en pro de los más golpeados por la confrontación y el olvido. Sin embargo, existen trabas que frenan los procesos y obligan a su gobierno a reajustar el rumbo.
Petro asumió a Colombia como un país que no había tenido un presidente progresista y donde los poderosos tienen lazos con la oligarquía, el narcotráfico, los intereses foráneos y el paramilitarismo, que incluso ha formado parte del Estado.
Un año después, el gobierno progresista avanza en medio de fuertes escándalos de corrupción desatados por personas muy cercanas al mismo Petro. Estos hicieron parte de su gobierno como:
- Laura Sarabia, su Jefe de Gabinete.
- Armando Benedetti, su exembajador en Venezuela.
- Más recientemente por su propio hijo, Nicolás, envuelto junto con su exesposa, en presuntos hechos de corrupción. Además, enriquecimiento ilícito con dinero proveniente del narcotráfico que podrían haber llegado, incluso, hasta la campaña presidencial.
Estos hechos comienzan a ser materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, un ente investigador que para varios analistas y sectores políticos no brinda las garantías necesarias de imparcialidad.
Durante este primer año de gestión del presidente Petro, cientos de miles de colombianos salieron a las calles en varias ocasiones. Unos para respaldar las iniciativas de reformas sociales y la gestión de su gobierno. Otros en contra de los cambios anunciados y de sus políticas de paz y de política exterior.
Un panorama en contra
Mientras tanto, Petro dirige a una Colombia acostumbrada a responder a los grupos armados con disparos y bombas. Además, reformas sociales en pro de los más desfavorecidos pero que afectan a sectores económicos poderosos.
La salud y el trabajo también es prioridad para que quede establecido como derecho. El Gobierno de Petro busca la administración de los recursos por parte del Estado y no de los privados o Entidades Promotoras de Salud (EPS). Estos, por su parte la cuestionan y consideran que el aparato institucional no cuenta con los recursos.
En cuanto a la reforma laboral necesita dignificar el trabajo y garantizar la estabilidad. Por su lado, los que se oponen, argumentan que podría incrementar el desempleo y precarizar el empleo.
Por su parte, la política antidrogas de Petro apunta a líderes del narcotráfico. Sin embargo, el presidente colombiano plantea que los pequeños productores de coca transiten hacia las economías legales, que cese la persecución en su contra, que se elimine la erradicación forzada y el uso de glifosato.
