El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, condenó a las ONG’s por cuestionar las políticas adoptadas contra las pandillas criminales de la nación.
El presidente acusó a las organizaciones no gubernamentales, medios y partidos de estar detrás de un «derramamiento de sangre» de su pueblo.
Así lo expresó el mandatario en un mensaje publicado en su perfil de Twitter.
«Una consecuencia de que toda esa gente, ONG, medios, partidos políticos y hasta gobiernos ‘amigos’ hayan salido a defender a los pandilleros… es que ahora el pueblo salvadoreño está claro de quiénes han estado detrás del derramamiento de sangre de sus familiares y amigos».
Una consecuencia de que toda esa gente, ONGs, medios, partidos políticos y hasta gobiernos “amigos” hayan salido a defender a los pandilleros…
Es que ahora el pueblo salvadoreño estará claro de quiénes han estado detrás del derramamiento de sangre de sus familiares y amigos.
— Nayib Bukele (@nayibbukele) April 12, 2022
El pasado 25 de marzo El Salvador registró 14 muertes violentas. Un día después hubo un total de 62 homicidios. Tal cifra la convirtió en la jornada más violenta desde que finalizó la guerra civil de El Salvador, entre los años 1980 y 1992.
¿Qué sucede en El Salvador?
Tras las jornadas violentas en el país, la Asamblea Legislativa impuso un régimen de excepción por 30 días para frenar el «incremento desmedido» de asesinatos atribuidos a las pandillas. La medida es una nueva estrategia de seguridad pública del Gobierno.
En ese sentido, el presidente Nayib Bukele aseguró que, en total, hay 10 mil 094 «terroristas» arrestados en apenas 17 días, incluido Edwin Rodolfo Jiménez, alias ‘Peludo’, señalado por el mandatario como un «ranflero», es decir, «uno de los 15 líderes nacionales de la MS-13», nombre con el que se conoce al grupo delictivo Mara Salvatrucha.
Según la Policía Nacional Civil, se trata de «un peligroso líder de estructura terrorista» a nivel local, «responsable del incremento de homicidios durante los últimos días en el país».
Críticas a las medidas de Bukele
Tal política de seguridad impartida por el gobierno generó críticas de las organizaciones de derechos humanos. Una de las mayores controversias se generó cuando el presidente salvadoreño afirmó que las condiciones carcelarias van a empeorar, revelando que, pese al aumento en el número de presos, no se aumentarán las porciones de alimentos para los reos.
Según la ONG Amnistía Internacional, se trata de «una medida que viola los estándares internacionales». Asimismo, señalan que el estado de excepción «suspende derechos humanos que no pueden ser restringidos bajo ninguna circunstancia«, por ejemplo, el derecho a la defensa legal de las personas detenidas y el derecho a ser informado de las razones por las que ha sido arrestada.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también cuestionó las políticas adoptadas en El Salvador, asegurando que «las medidas anunciadas en cárceles constituyen políticas de carácter represivo». También pidió al Estado «revertir urgentemente todas las medidas que pongan en riesgo la vida e integridad de las personas que están bajo su custodia».
