Conocer los detalles de cómo se planificaron los 5 planes magnicidas, recientemente develados, nos remite inmediatamente a recordar el contenido de la tristemente famosa «Ley Verdad 2019» que no es más que un verdadero manual de intervención y neocolonización que es parte de un gran plan de agresión hacia Venezuela ideado y patrocinado por los EEUU.
Se trata de la «Ley de Asistencia para la Democracia y Desarrollo del 2019» emanada por el congreso de los EEUU para ser aplicada al territorio venezolano, violando claramente la jurisdicción y soberanía de Venezuela y al propio derecho internacional, que contiene paso a paso cada una de las agresiones que ya hoy conocemos y que se fueron materializando a lo largo de estos 5 años.
La ley que consta de un título, 8 subtítulos y 23 secciones inicia con el reconocimiento que hace los EEUU a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y a la AN de 2015 como el único, para ellos, Poder Legislativo legítimo, dando el apoyo del Congreso de EEUU a una «salida negociada» en donde se instruye a Juan Guaidó tomar todas las acciones para que se termine con la «usurpación de funciones» del presidente Nicolás Maduro.
A partir de allí se va desarrollando las etapas de agresión que ya fueron ejecutadas en Venezuela: «ayuda humanitaria» como excusa para obtener del Congreso recursos y financiar a sus terroristas, órdenes a las Naciones Unidas para que sus agencias publiquen evaluaciones «independientes» sobre Venezuela que incluían presionar al coordinador residente de la ONU para que con «su voz» trabajara en la «recuperación a largo plazo de Venezuela», apoyos al grupo de Lima, ofrecimiento de apoyo «legal» para que los Gobiernos extranjeros bloquearan y confiscaran todos los activos de Venezuela que se encontraran en su territorio, así como la aplicación de «sanciones» al país, interceptación de las comunicaciones entre Rusia y Venezuela, conocer las operaciones que realizaba PDVSA o imponer la restricción de exportación de artículos relacionados a seguridad y defensa hacia Venezuela es el contenido de algunas de las secciones de esta «ley» intervencionista.
Antecedente al Caso Rocío San Miguel
Pero sin duda una de las partes de esta ley del 2019 que hoy cobra especial validez es la sección 131 la cual habla del «informe clasificado sobre la disminución de la cohesión de los militares venezolanos», que no es más que la orden que le dan al secretario de Estado para que actuando a través de la CIA, filtren a las FANB y se identifique a los funcionarios que pudieran cometer traición contra su patria, para ello ofrecían dádivas como otorgamiento de visas, financiamiento y protección, sin embargo, los hechos demostraron que dichos ofrecimientos eran falsos, pues vimos a los militares que bajo engaño traicionaron sus principios para apoyar a Juan Guaidó en aquella Batalla de los Puentes y que posteriormente fueron abandonados a su suerte.
Cooptar a estos militares implicaba filtrarse entre ellos, como probablemente lo hizo esta aparente defensora de derechos humanos Rocío San Miguel, pero que en realidad guardaba todos los perfiles de alto rango de las fuerzas de seguridad venezolana e información sensible para la seguridad de la nación con la tarea de desplegar todo un aparato comunicacional en la ejecución del plan magnicida.
En el pasado año 2023, el senador Bob Menéndez, hoy caído en desgracia por corrupto, introdujo un proyecto de ley para actualizar la ya caduca ley del 2019 en la que se prevén acciones más violentas contra Venezuela, otorgándole rango legal a la exabrupta recompensa que pesa sobre la cabeza del presidente Nicolás Maduro.
No hay duda que la arrogancia imperial ha llevado a convertir lo que antes eran manuales secretos de inteligencia militar a verdaderas leyes para ejecutar intervenciones como parte de su política exterior guerrerista.
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