El presidente de Brasil, Lula da Silva pidió castigar a Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado el 8 de enero pasado.
Lula aseguró que el expresidente de ultraderecha tiene mucho que ver con dicha intentona golpista en su contra.
En una entrevista con medios locales, declaró que los atacantes de las sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en Brasilia, pudieron haber recibido órdenes de Bolsonaro.
“Me dio la impresión de que era el comienzo de un golpe de Estado. Incluso tuve la impresión de que la gente estaba siguiendo la orden y la orientación que dio Bolsonaro durante mucho tiempo”.
Piden celeridad en la justicia
Además, en su red social Twitter, Lula publicó que espera más celeridad de la Justicia, en la investigación y juzgamiento contra el expresidente Bolsonaro.
“Lo que esperamos es más celeridad de la justicia, en la investigación y juzgamiento. Quiero que todos tengan la presunción de inocencia que yo no tuve, pero quiero que se investigue a la gente. Si Bolsonaro tiene algo que ver con lo que pasó, tiene que ser castigado”.
O que nós esperamos é mais celeridade da Justiça, na apuração e julgamento. Quero que todo o mundo tenha a presunção de inocência que eu não tive, mas quero que as pessoas sejam investigadas. Se o Bolsonaro tiver participação no que aconteceu, ele tem que ser punido.
— Lula (@LulaOficial) January 18, 2023
Mientras tanto
El lunes pasado, la Fiscalía de Brasil acusó formalmente a 39 sospechosos vinculados a los disturbios contra las sedes gubernamentales el pasado 8 de enero.
Entre los investigados destacan el gobernador del Distrito Federal de Brasilia, Ibaneis Rocha, este quedó separado del cargo durante 90 días. Además, el secretario de Seguridad de Brasilia, Anderson Torres, último ministro de Justicia de Bolsonaro.
Bolsonaro, quien en la actualidad se encuentra en Estados Unidos, también es investigado por la Fiscalía después de que lo autorizara el ministro del Superior Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Con esta investigación corre el riesgo de una inhabilitación política de, al menos, 8 años, por abuso de poder.
