La Fiscalía General de Ecuador, ordenó el arresto del exvicepresidente Jorge Glas, a quien la fiscal Diana Salazar acusa de cometer el presunto delito de peculado en las obras públicas de la provincia de Manabí, tras el terremoto de 2016.
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La orden la emitió la fiscal general en la audiencia de formulación de cargos contra el exfuncionario. Esto, pese a que la defensa de Glas desestimó al juez antes de la sesión.
Cabe acotar que los abogados defensores del exvicepresidente presentaron la desestimación contra el encargado de la audiencia de la Corte Nacional de Justicia, por considerarlo parcial.
Refieren que hay una “enemistad manifiesta” contra Glas, quien se convirtió en símbolo de “lawfare” en Ecuador. Sin embargo, el magistrado rechazó la solicitud y continuó con la sesión, indicó Prensa Latina.
Persecución política
La fiscal Salazar acusa a Glas de utilizar 90 millones de dólares destinados al proyecto DE reconstrucción de Manabí, en otros proyectos que no eran urgentes.
Eduardo Franco Loor, quien forma parte de la defensa de Glas, aseguró que las acusaciones son fraudulentas. Asimismo, que constituyen una persecución política, contra quien fue vicepresidente de Ecuador, junto a Rafael Correa (2007-2017) y reelecto como binomio de Lenín Moreno (2017-2021).
Por su parte, el exvicepresidente ecuatoriano, que también cataloga la acción como “una persecución política“ en su contra, pidió asilo político a México. Por lo que permanece en la sede de la embajada del país centroamericano en Quito, desde el 17 de diciembre pasado.
Entretanto, el Gobierno ecuatoriano advirtió que rechazaría un asilo a favor de Glas, por parte de México, en caso de otorgárselo.
Glas recibió el beneficio de la prelibertad el 28 de noviembre de 2022, luego de la unificación de dos penas de cárcel de seis y ocho años por los casos Odebrecht y Sobornos, respectivamente.
Cabe acotar que en agosto, el Tribunal Federal de Brasil, anuló las pruebas presentadas por Odebrecht contra Jorge Glas.
El ente judicial brasileño explicó que el motivo de la anulación fue que “las pruebas fueron entregadas sin autorización judicial y sin respetar el debido proceso legal”. Asimismo, destacaron que las mismas las seleccionaron “a la carta“.
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