Este lunes, la iglesia católica en España abrió una investigación por más de mil casos de abuso sexual cometidos contra menores de edad por clérigos españoles.
La averiguación tiene lugar luego de que el pasado 2 de diciembre un periodista del diario español El País le entregara al Papa Francisco un documento con los casos de pederastia que se han suscitado en España en los últimos 80 años.
Aunque el medio contabiliza a mil 237 víctimas de abuso sexual, dicha cifra podría multiplicarse a otros miles.
Sobre las fechas de estos abusos en la iglesia católica, la investigación de 385 páginas registra el primero en 1943 y el último en 2018. En este sentido señala como victimarios a 251 sacerdotes y miembros laicos del clero.
El trabajo periodístico también vincula a 31 órdenes religiosas que se encuentran en 31 de las 70 diócesis de España. No obstantes la mismas no están regidas por la autoridad de los obispados.
El informe entregado al sumo pontífice también se envió al titular de la Conferencia Episcopal Española (CEE), el cardenal Juan José Omella, arzobispo de Barcelona.
Por su parte el Papa entregó el archivo a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Dicha institución de la iglesia católica concentra la investigación de la pederastia. Entre tanto, el arzobispo Omella lo remitió al tribunal eclesiástico de Barcelona para dar inicio a la investigación.
¿Qué dice la iglesia católica de España?
En España ni la iglesia católica ni las autoridades aportan datos oficiales acerca de los abusos sexuales cometidos por clérigos contra menores de edad.
De hecho hasta los momentos, la Conferencia Episcopal española solo se ha limitado a responder a través de un comunicado que se publicó este lunes.
En este sentido, el documento asegura que la iglesia católica aprecia «todas las iniciativas de instituciones y medios que ayuden a acabar con la lacra de los abusos sexuales cometidos contra menores o personas vulnerables en la Iglesia o en la sociedad».
No obstante cuestiona las acusaciones que recoge el trabajo periodístico. Según el texto los datos son de «carácter muy dispar« por lo que se «hace difícil extraer conclusiones que puedan servir a una posible investigación. De manera especial cuando faltan nombres de los acusados, años en que ocurrieron los abusos, o se refiere a personas fallecidas».
