Venezuela se moviliza contra la decisión de EE.UU. de subastar las acciones de la matriz de la refinería Citgo Petroleum Corp, PDV Holding, principal activo de la República Bolivariana en el exterior. Un camino para que la empresa sea confiscada por los acreedores, tras “negociaciones” con quienes Estados Unidos reconoce como “representantes”: la pandilla del autoproclamado Juan Guaidó o sus derivados, a quienes se les había permitido acceder a fondos bloqueados por las medidas coercitivas unilaterales ilegales, impuestas a Venezuela.
El Departamento del Tesoro hasta ahora había “protegido” a Citgo de los acreedores, pero ahora, para apretar aún más la soga a la revolución bolivariana, los halcones de Washington han vuelto a bloquear la posibilidad de un cambio de rumbo, propuesto por la Conferencia Internacional de Bogotá, que tuvo como tema a Venezuela.
En esa reunión, las 20 delegaciones, en representación de tres continentes, habían acordado una serie de “recomendaciones”, a ser presentadas tanto al gobierno bolivariano como a esa parte de la oposición que se encuentra en la Plataforma Unitaria, para renovar el diálogo interrumpido en México. En el centro, el fin de las “sanciones”, condición prioritaria puesta por el gobierno bolivariano.
La conferencia, precedida por una ronda de contactos internacionales del presidente colombiano Gustavo Petro, no podría haberse organizado sin la aprobación de la administración Biden. Sin embargo, como muestra del conflicto interno y la confusión que reina en la política exterior estadounidense, se permitió el show del ex autoproclamado, Juan Guaidó. Un personaje descorazonado por sus propios compinches, cuyos hilos, sin embargo, todavía hay que tirar hasta el final.
Luego de cruzar la frontera “a pie”, como él mismo declaró, Guaidó acudió a la conferencia en Colombia, sin ser invitado, y fue acompañado al aeropuerto, donde fue llevado por sus padrinos gringos a Miami. El exdiputado protestó por ser expulsado de Colombia.
En verdad -denunció el presidente Maduro- su objetivo era “coordinar el robo de la empresa Citgo”, formalizado con la Licencia General 42, emitida por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac), que autoriza a un sector de la extrema derecha a tratar el tema de las deudas de la República Bolivariana y de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA).
Maduro explicó que, con un documento fechado el 7 de abril, la administración de Biden entregó “todos los bienes de la empresa Citgo, todo el dinero de Venezuela en el exterior, a un grupo de partidos políticos de oposición, pertenecientes a la Plataforma Unitaria, para que los vendan, para negociar, hacer y deshacer”. Washington -reiteró el presidente- “está llevando a cabo uno de los mayores saqueos que jamás se hayan hecho contra ningún país del mundo”, y acusó a Biden de “apuñalar por la espalda a la conferencia de Bogotá”, llegando donde “ni siquiera Trump se había atrevido”. De hecho, la fecha de la decisión indica que todo ya estaba preparado antes de la Conferencia de Petro, que finalizó el 26 de abril.
Una provocación a la que el gobierno bolivariano ha respondido con firmeza, tanto a nivel internacional como nacional. Durante una reunión del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, en relación con el objetivo 16 de la ONU, que pretende “promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas”, el representante permanente alterno de Venezuela ante la ONU, Joaquín Pérez Ayestarán, denunció la “sanciones” impuestas por EE.UU. y el robo de Citgo.
El Gobierno bolivariano “no reconocerá ninguna negociación o acuerdo de pago con ningún acreedor que no esté dirigido por el Estado venezolano”, dijo la vicepresidenta, Delcy Rodríguez, al explicar el mecanismo por el cual se está llevando a cabo la “expropiación ilegal” de la empresa venezolana Citgo Petroleum Corporation. La decisión, que constituye una violación del derecho internacional público y privado, así como del derecho venezolano, autoriza a miembros de la extinta Asamblea Nacional de 2015 a realizar transacciones para negociar la deuda del gobierno nacional, PDVSA o cualquier institución en la que la república sea propietaria con una participación accionaria igual o superior al 50%.
“No hay ley en el planeta que la licencia 42 de la OFAC no haya violado”, dijo Rodríguez desde el Palacio de Miraflores, acompañada por el canciller Yván Gil y el ministro de Petróleo, Pedro Tellechea. La vicepresidenta recordó los pródromos de esta decisión, anticipada por otra disposición de la OFAC, emitida el 9 de enero de 2023, que permitía a la Asamblea Nacional de 2015, “la facultad de tratar con cualquier persona, institución o empresa en Estados Unidos”. Y, de hecho, el 15 de marzo la exdiputada Dinora Figuera, del partido Primero Justicia, se reunió con funcionarios del Departamento de Estado “para establecer la puesta en escena de este flagrante y vulgar robo del siglo”.
Rodríguez denunció que Washington, asumiendo el papel de víctima, pretende ignorar la decisión de la Corte de Justicia de Delaware, que permite a los tenedores de deuda venezolana decomisar la empresa Citgo. Entre ellos se encuentran: ConocoPhillips, Crystallex, Rusoro, Gold Reserve, Koch Minerals , Owens Illinois, Inversiones ACL1, Northrop Grumman Systems. Contra la Licencia General 42 de la OFAC -dijo Rodríguez- “según instrucciones del jefe de Estado, Nicolás Maduro, el Gobierno Nacional ejercerá todas las acciones en defensa de nuestros intereses, nuestros derechos y el patrimonio de los venezolanos”.
Citgo, con sede en Houston, es la séptima refinería más grande de los Estados Unidos. Tiene plantas en Luisiana, Illinois y Texas y está valorada en más de $13.000 millones. Robert Pincus, un funcionario designado por el tribunal, que se reunió con los Departamentos del Tesoro y de Justicia, instó al tribunal a darse prisa “para aprovechar el desempeño financiero y operativo reciente de Citgo y el estado actual de la industria de la refinería”.
La minera canadiense Crystallex International solicita a PDV Holding 970 millones de dólares. Otros acreedores con al menos 2600 millones de dólares en reclamaciones contra Venezuela han recibido aprobación condicional para unirse a la demanda. Pincus propuso comenzar el proceso de venta el 5 de septiembre con la oferta más alta recibida por el tribunal hasta junio de 2024. El tribunal celebró un acuerdo con el banquero de inversión Evercore para medir la demanda del mercado y realizar la venta.
Citgo -dijo Maduro durante la marcha del 1° de mayo- genera ingresos anuales superiores a los 1.000 millones de dólares y cuenta con más de 10.000 gasolineras en Estados Unidos. Recursos que pertenecen al pueblo y que, de haber estado disponibles, se habrían destinado a incrementar los ingresos de los trabajadores. Por ello, el parlamento venezolano, el legítimo, aprobó, en discusión inicial, el proyecto de ley para la protección de bienes en el exterior.
“Vamos a aplicar la Ley de Extinción de Dominio a todos aquellos lacay@s involucrados en este robo a la república”, dijo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, al presidir la sesión parlamentaria, que seguirá esta semana. La Ley de extinción de dominio prevé la posibilidad de embargar y redistribuir los bienes resultantes de la corrupción. Un delito considerado “traición a la Patria”, que está siendo perseguido a gran escala tras el descubrimiento de una gigantesca red que ha sustraído dinero público por unos 23.000 millones de dólares.
La legítima An ha instado su aplicación a 72 exdiputados que usurpan funciones públicas. El Estado no reconocerá ninguna transacción que involucre bienes venezolanos. Lo dispone en el artículo 138 de la Constitución Bolivariana, según el cual “toda autoridad usurpada queda sin efecto y sus actos son nulos”. Con la habitual vis polémica, Jorge Rodríguez exigió al líder político, Henrique Capriles Radonski, que ordene a Dinora Figuera, militante de su partido, “devolver toda la plata que se robó”.
El Departamento de Estado ha permitido de hecho a la extinta AN de 2015 -que este año, tras haber retirado la confianza a Guaidó, prosiguió la farsa electoral, encomendando la “gestión” a un triunvirato de prófugas de la justicia, dirigido por Figuera-, la cuenta bancaria de unos 347 millones. Dinero venezolano congelado en bancos estadounidenses, desembolsado a la oposición desde 2019, cuando Juan Guaidó se autoproclamó “presidente interino”. Sin embargo, desde la eliminación de su invento imperial, en enero de 2023, la nueva “gerencia” de la An ilegal no había podido acceder al botín, debido al “vacío de directiva”.
El problema estaba poniendo nerviosa a la pandilla, que presionaba a sus padrinos norteamericanos para que les concedieran acceso a recursos “protegidos” en el extranjero. Y esta lucrativa cesión de firma quizá también explique la huida a Miami de Guaidó, quizá para negociar una buena “indemnización”. Le regalaron un azúcar haciéndolo comparecer en un mitin público, durante el cual agradeció “a los senadores republicanos su compromiso con la democracia”.
En ese contexto, el exgobernador de Florida, Rick Scott, lo presentó como “el candidato presidencial de Voluntad Popular en las primarias”, y agregó: “Espero que todos mis colegas y la Casa Blanca se reúnan con los valientes líderes de la oposición y se alineen con el pueblo venezolano, para seguir siendo su voz contra el nefasto régimen de Maduro”. Un grupo de activistas protestó contra Guaidó al grito de “corrupto” y “asesino”. Él balbuceó: “Que se vayan a Venezuela a interrumpir a Nicolás Maduro, a ver qué le pasa”. Y, mientras la policía se llevaba a los manifestantes, él continuó fanfarroneando sobre las maravillas de la “democracia” estadounidense.
“Estados Unidos confunde la disposición de diálogo del gobierno bolivariano con debilidad”, dijo el viceministro de Políticas Antibloqueo, William Castillo, durante el programa “A Pulso”. Al ilustrar el trabajo de investigación que realiza el Observatorio de sanciones, Castillo subrayó cómo la actitud fluctuante de EE.UU. se debe a la visión distorsionada que le da la oposición venezolana, haciéndole creer que “Maduro está cayendo, y hay que aumentar las sanciones”.
Un comunicado de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP) también calificó la decisión del Departamento de Estado de “expropiar a Citgo a través de la ilegítima Licencia General No. 42”, una nueva agresión contra el pueblo y el gobierno de Venezuela, una “consecuencia de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos, que atentan contra la soberanía de ese país”. Por ello, la Alianza Bolivariana hizo un llamado a la comunidad internacional para exigir el cese de las “sanciones”, y expresó su apoyo a “todas las medidas legales que emprenda el gobierno venezolano para la protección de sus bienes”.
Durante su visita a España, el presidente colombiano, Gustavo Petro, ha vuelto por su parte a denunciar los efectos de las “sanciones” sobre el pueblo venezolano. Tras recordar que Colombia y Venezuela “son prácticamente el mismo pueblo”, Petro dijo que, debido a las “sanciones”, la sociedad venezolana ha pasado de “vivir bien y de tener acceso al mejor whisky del mundo, a no tener un plato que comer. Y esto -añadió- no la oposición a Maduro, es la razón por la que muchos emigran”. Petro también confirmó los planes de Washington para invadir Venezuela, discutidos con su antecesor, lo que provocó una reacción airada de miembros del ex gobierno de Duque.
Pero, este mayo, Venezuela recordó el tercer aniversario de la Operación Gedeón, cuando un grupo de mercenarios enviados por Estados Unidos y entrenados por Colombia intentaron invadir Venezuela con un plan para matar a Maduro y a todo el alto mando chavista. Durante un acto público, el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, rindió homenaje a la valentía del pueblo que detuvo la invasión: “Fuerza revolucionaria y unidad -dijo el Capitán- son la mayor garantía de victoria de la revolución bolivariana”.
Uno de esos mercenarios, un exmarine, podría ser objeto de un intercambio con el diplomático venezolano Alex Saab, secuestrado por Estados Unidos, cuya salud se deteriora día a día. El gobierno venezolano lo reiteró también con motivo de la Conferencia de Bogotá. Pero Estados Unidos ha respondido con este nuevo acto de arrogancia imperial.
