El fiscal de la Sala de Coordinación contra los Delitos de Odio y Discriminación de España, Miguel Ángel Aguilar, admitió la necesidad de prohibir el acceso a redes sociales (RRSS) a quienes cometan delitos de odio “en los casos más graves” y que los usuarios estén “debidamente identificados”.
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Las declaraciones del funcionario se registraron este miércoles a través de una entrevista para la Cadena SER, recogida por el medio de comunicación Europa Press.
La posición de Aguilar se presentó luego que la Fiscalía de España confirmó que investiga mensajes “falsos” y de “odio” en redes sociales contra migrantes, quienes están siendo atacados y acusados de asesinar a un niño de 11 años de edad, en Mocejón, Toledo.
En este sentido, el entrevistado abogó por la inclusión de mejoras legales para que el Ministerio Público y los tribunales se interesen en emplear los mecanismos necesarios para minimizar escenario hostiles en el espacio digital.
“Con las herramientas que tenemos ahora podemos trabajar, pero indudablemente que algunos perfeccionamientos técnicos sí que precisamos”, ha señalado al ser preguntado si ve oportuna una reforma del Código Penal para regular este asunto.
Aguilar expresó que “sería una pena proporcionada y necesaria” cerrar el acceso a “aquellas personas que se han servido de utilizar internet o redes sociales para la comisión de un delito”, “en los casos más graves y teniendo en cuenta las circunstancias del caso concreto”.
Antecedente de medidas contra mensajes de odio en RRSS
Aguilar recordó que la Fiscalía de Barcelona aplicó esta medida contra un ‘influencer’ que creaba vídeos de personas sin hogar a los que humillaba dándoles galletas rellenas de pasta de dientes.
“Y se dictó por parte del Tribunal Supremo, cuando estudió este caso, la primera sentencia en España que contemplaba expresamente prohibir acudir al lugar del delito, no solamente el espacio físico, sino también el espacio virtual. Y ahí tenemos un precedente jurisprudencial. Ahora es importante que eso se traslade a la legislación”, ha instado.
En cuanto a las cuentas anónimas en plataformas digitales, el experto señaló que es importante analizarlas y saber qué tipo de usuarios están encargados de las mismas, es decir, que estén “debidamente identificados”.
A su juicio, este paso ayudará a las autoridades judiciales a tener a la mano toda la información de los manejadores de canales digitales.
De igual manera, abogó para que España tome medidas ante la exposición de odio en plataformas digitales y difunda “campañas de prevención y campañas de sensibilización”.
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