La diputada Iris Varela, propuso este jueves durante su intervención en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional, anular documentos de identificación y registros de empresas a quienes se consideren “traidores a la patria”. Así como, la inhabilitación permanente.
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“Propongo formalmente que se estudie la anulación de todos los documentos de identificación y de registro de empresas que esas personas que cometen este tipo de delitos consuman contra la patria. Eso perfectamente se puede hacer por vía administrativa”, aseveró Iris Valera, al tiempo que expresó, que si bien la Constitución protege la nacionalidad de los venezolanos por nacimiento, el Estado tiene la facultad de gestionar los registros públicos.
Asimismo, la parlamentaria habló sobre la necesidad de abordar con seriedad las acciones de quienes, a su juicio, han cometido delitos graves contra el país. “A veces quienes han cometido delitos tan graves contra la patria buscan las esquinas, buscan los caminos verdes, buscan los amparos, buscan cualquier subterfugio para tratar de quedar impunes”, afirmó.
Por tanto, La diputada propuso que las sanciones sean permanentes, sugiriendo además que la inhabilitación política de los traidores debería ser de por vida. “Nadie puede venir a decir aquí que es atentar contra artículos constitucionales. El artículo 44 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece claramente que las penas no pueden pasar de 30 años”, explicó.
“Nosotros no estamos hablando aquí de que vamos a llevar más de 30 años una privación de libertad, lo que vamos a llevar a más de 100 años si es necesario, o de por vida, es la inhabilitación política de los traidores de la patria”, enfatizó.
Dirigentes de la ultraderecha respaldan Ley Bolívar de EEUU
Cabe recordar que, dirigentes de la ultraderecha recientemente expresaron su respaldo a la Ley Bolívar que aprobó la Cámara de Representantes de Estados Unidos. La cual, refuerza las actuales medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela y además, prohíbe el relacionamiento económico entre el país norteamericano y la nación bolivariana.
En ese sentido, la normativa ha sido condenada por el Gobierno Nacional, pues generaría grandes afectaciones no solo para los venezolanos, si no también para los ciudadanos estadounidenses.
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