La problemática del salario en Venezuela exige una mirada integral del fenómeno con la capacidad de interrelacionar las diversas variables económicas y sociales que influyen e impactan sobre esta temática. Sobre todo, en la economía de un país que cuenta con 927 Medidas Coercitivas Unilaterales -MCU- que asfixian e impiden el desarrollo con normalidad de la actividad económica.
Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para el segundo semestre del año 2022, Venezuela cuenta con una Población Económica Activa (PEA) de14.316.805 de los cuales un 92,1% (13.189.819) se encuentra ocupada. Mientras que, un 8% (1.126.986) está desocupado.
La población ocupada según sector empleador para el segundo semestre del 2022, consta del 77% para el sector privado y un 23% del sector público apreciando claramente –durante la última década– el peso del sector privado en el consumo de la fuerza de trabajo.
El salario en la actividad privada está muy por encima del salario mínimo oficial. Lo que no se debe al espíritu del buen samaritano del empleador, sino a una razón de supervivencia, para prevalecer y sostener la actividad –productiva, comercial o de servicio– ante la turbulencia económica y social que ha causado la guerra económica.
A decir del Observatorio Venezolano de Finanzas -OVF– para el Área Metropolitana de Caracas, un Gerente en promedio devenga un salario mensual de 307,5$. Un profesional universitario 198$ y los obreros 126,8$. No obstante, el salario devengado en la actividad privada está muy por debajo del precio del salario internacional. Ello contrasta con los 485,06$ que se requieren para costear la Canasta Alimentaria Familiar de cinco personas, conforme al Centro de Documentación y Análisis para los Trabajadores –CENDA.
Para los 3.025.854 trabajadores que hacen vida en laAdministración Pública la realidad es mucho más dura. El impacto de las MCU y las agresiones ejercidas a través de la guerra económica han generado heridas profundas que ciertos grupos de poder aspiran capitalizar y crear condiciones que les permita retomar la agenda desestabilizadora.
Esta cruda realidad debe ser vista desde la racionalidad: comprender que al tener un bloqueo que impide el libre desenvolvimiento de la principal actividad económica y fuente de ingresos del Estado Venezolano, con la consecuente venta a descuento de nuestro petróleo y la activación de mecanismos que favorecen a grupos de poder – que se hacen de ingentes ganancias producto de la extorsión a la que nos someten – estamos ante el mismo escenario que quien es arrojado al agua para que nade por su vida con un grillete atado al cuello ¡la ganancia es doble! La perturbación se produce en el ámbito económico y político.
¿Qué hacer? Medidas de política económica para paliar las consecuencias de la guerra son urgentes, la atención integral que se ocupe de la coyuntura con acciones concretas y oportunas desplegadas a través del brazo operativo del Estado y brinde verdadera protección a la masa trabajadora.
Un plan de atención focalizada en los gremios más golpeados y más importantes para el desarrollo de la Nación, que quizá no responda en lo inmediato a la mejora de la capacidad adquisitiva, pero brinde subsidios directos para cubrir necesidades básicas insatisfechas.
Gozar, por ejemplo, de medios de transporte de calidad, subsidios directos para adquisición de vehículos particulares, adquisición de vivienda, atención médica integral de calidad, cobertura para patologías crónicas, becas para promoción de talentos en pre y postgrado, en general, una política de reconocimiento y protección que si bien no resuelve el problema de fondo sostiene a los grupos familiares y plantea un escenario de mayor compromiso por parte de estos sectores con el país, al tiempo que se afina la estrategia económica que genere estabilidad cambiaria y frene la inflación principal vía a través de la cual se ha venido dilapidando el poder adquisitivo del trabajador.
Elio Córdova
